Los jueces Carlos A. Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky dejaron sin efecto la suspensión de juicio a prueba otorgada anteriormente a Jorge Taboada y otros 20 afiliados al sindicato Camioneros, involucrados en un caso de robo de vacunas Sputnik en Comodoro Rivadavia.
El caso se originó a partir de una investigación sobre el hurto de 30 dosis de vacunas Sputnik en enero de 2021. La pesquisa reveló que dirigentes y miembros del sindicato pagaron para recibir las inoculaciones antes que pacientes prioritarios, por edad o condiciones de salud.
El acuerdo previo contemplaba la entrega de sumas entre 400.000 y 3.000.000 de pesos para cada imputado, junto con reglas de conducta y la realización de 96 horas de trabajos comunitarios. Sin embargo, la reciente sentencia anuló este beneficio y ordenó que los acusados enfrenten un juicio oral y público por el delito de encubrimiento.
Por este mismo caso, ya fueron condenados la enfermera Analía Muñoz y el empleado del sindicato Marcos Paura. Muñoz recibió una pena de tres años de prisión en suspenso por hurto en concurso con cohecho pasivo, mientras que Paura fue sentenciado a dos años y medio de prisión en suspenso por cohecho activo, tras comprobarse que pagó a la enfermera para que vacunara a afiliados no prioritarios.
El expediente “Guzmán, Héctor Elías y otros s/recurso de casación” investiga la participación irregular de personal de salud y funcionarios en el operativo que incluyó el robo de vacunas del Hospital Regional. La acusación indica que Muñoz, empleada del hospital, aplicó vacunas a cambio de dinero en complicidad con Paura, quien trabajaba para la obra social del sindicato.
De este modo, los 21 imputados que inicialmente habían recibido el beneficio de suspensión de juicio a prueba deberán enfrentar el proceso judicial bajo la imputación de encubrimiento, delito que contempla una pena máxima de dos años de prisión en suspenso en caso de condena.
El fallo se fundamenta en la oposición del fiscal general, Teodoro Nürnberg, quien argumentó que los delitos involucrados afectan a la salud pública y la corrupción, lo que impide aplicar la probation. Además, se consideraron los compromisos internacionales asumidos por Argentina en la lucha contra la corrupción, promoviendo que estos casos se resuelvan en juicio público y transparente.
La sentencia expresa claramente: “La probation en este caso resulta manifiestamente improcedente, toda vez que la apropiación por parte de Muñoz tuvo lugar durante su función laboral pública, la cual la posicionaba para la disponibilidad directa sobre esos bienes del Estado, pues al momento de los hechos revestía la calidad de empleada del Hospital Regional”.
Finalmente, los jueces de casación decidieron por unanimidad revocar la suspensión de juicio a prueba y ordenar que el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia establezca una nueva fecha para el juicio oral y público.