El abogado Juan Zapata, representante legal de las docentes involucradas en la investigación por una presunta situación de maltrato en la Escuela Especial N.º 530 de El Maitén, cuestionó públicamente la manera en que se habría originado y difundido la información que posteriormente derivó en la denuncia.
En declaraciones a FM Impacto El Maitén, Zapata señaló que comprende la reacción emocional de los padres y consideró entendible que, ante una situación que involucra a una hija, se busque justicia. Sin embargo, sostuvo que resulta necesario reconstruir la cadena de hechos y determinar cómo se tomó conocimiento de lo ocurrido.
Según explicó, los padres habrían recibido información a través de la abuela de la menor, quien, de acuerdo con su relato, habría sido informada por una docente que se encontró con ella fuera del establecimiento educativo.
El abogado cuestionó particularmente que esa persona, según su exposición, no habría presenciado directamente el supuesto hecho.
Una imagen que se viralizó
Zapata también se refirió a una imagen viralizada en la que se observa a la menor con un resto de saliva en el cabello. Sostuvo que esa fotografía no permitiría, por sí sola, establecer qué ocurrió ni cuándo se habría producido la situación.
“Si ese hecho fue a las seis de la mañana, ¿quién tomó desde la mañana hasta las diez de la noche esa foto?”, planteó el abogado.
En ese sentido, aclaró que el cuestionamiento surge desde su rol de defensor y sostuvo que la imagen debe ser analizada junto con el resto de los elementos incorporados a la investigación.
También reclamó determinar quiénes son los supuestos testigos mencionados públicamente y qué manifestaron ante las autoridades. “Hay testigos. ¿Quiénes son los testigos?”, preguntó.
Medidas preventivas
El representante legal de las docentes también planteó interrogantes respecto de los protocolos educativos que deberían haberse aplicado y sostuvo que, según su versión, inicialmente no se habría producido la comunicación institucional correspondiente entre supervisión, directivos, docentes y la familia.
Sobre las medidas adoptadas por Supervisión, explicó que se trataría de medidas cautelares destinadas a prevenir posibles situaciones mientras continúa la investigación.
Zapata remarcó que una medida preventiva no implica por sí misma una determinación de responsabilidad sobre las personas involucradas.
Pedido de evitar conclusiones anticipadas
El abogado cuestionó además la exposición pública que tomó el caso y calificó como una especie de “cacería de brujas” la reacción que, según sostuvo, llevó a reclamar públicamente la separación o sanción de docentes y directivos antes de contar con elementos suficientes.
También pidió especial cuidado con la difusión de información e imágenes relacionadas con la menor y advirtió sobre una posible revictimización.
“En pos de querer hacer justicia, lo que están haciendo es una injusticia muy grande con una menor”, afirmó.
Finalmente, Zapata insistió en la necesidad de establecer qué ocurrió, quiénes tuvieron conocimiento directo de los hechos y cómo se construyó la información que posteriormente dio lugar a la denuncia.
La causa continúa bajo investigación y, hasta tanto no exista una resolución de las autoridades competentes, rige el principio de presunción de inocencia para las personas señaladas.