El pasado 28 de agosto se cumplieron 10 años del llamado “espionaje minería Esquel”, un caso que destapó la vigilancia ilegal sobre vecinos y activistas del movimiento “No a la Mina”, quienes se oponían a proyectos mineros en la región de la Comarca Andina.
Esta investigación judicial buscó esclarecer quiénes fueron responsables del seguimiento, la recolección de información y la intervención de comunicaciones de ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta. El caso generó un debate público sobre los límites del accionar de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, así como sobre la protección de las libertades civiles y la transparencia en el manejo de datos sensibles.
Gustavo Macayo, abogado querellante, recordó: “Hoy, jueves, se cumplen 10 años desde el día en que aparecieron públicamente las fichas de espionaje que, en un principio, contenían a 26 personas, todas en contra de la mayoría. Eran de Esquel, Trevelin, Corcovado, Lago Puelo, El Maitén, Cholila y otras localidades de la Comarca Andina”.
Detalló además que “en cada una de ellas había una foto y una reseña sobre la vida privada y pública de estas personas. Muchas eran conocidas en el ámbito de la salud, la educación y también periodistas. Fue un escándalo importante porque incluso muchas de las personas que estaban en esas fichas estaban presentes en la audiencia judicial donde se tramitaba una causa penal contra un grupo mapuche tehuelche que estaba recuperando tierras del Grupo Benetton”.
El descubrimiento del espionaje ilegal fue rechazado por distintos sectores sociales, entre ellos el Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Federación Judicial Argentina. Macayo recordó que “el defensor público mostró las listas y se fueron viralizando. Eso llevó a que el Ministerio Público Fiscal hiciera una denuncia en el Juzgado Federal”.
En agosto de 2015, durante una audiencia relacionada con la recuperación territorial mapuche en Vuelta del Río, Fernando Radziwilowski, de la Oficina de Derechos Sociales y de Pueblos Indígenas de la Defensa Pública, exigió que la investigación sobre las denuncias del grupo Benetton se realizara conforme a derecho. En esa instancia, se reveló que en el expediente figuraban fichas de activistas de la comarca, investigados por supuestos actos de terrorismo.
Estas fichas contenían fotografía, datos laborales, posicionamientos ideológicos y aspectos de la vida privada de militantes de la Asamblea del No a la Mina, concejales, candidatos a intendentes y periodistas, con especial seguimiento a integrantes de la radio comunitaria Kalewche.
Un mes después, en septiembre de 2015, la Fiscalía Federal impulsó una acción penal por espionaje ilegal. Los investigados fueron los fiscales Fernando Rivarola y María Bottini; los jefes policiales Claudio Alfredo Rodríguez y Adrián Alejandro Muñoz; y un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Sin embargo, la Justicia Federal desprocesó en dos ocasiones a los fiscales y a los jefes policiales, quedando como únicos acusados los agentes de inteligencia, quienes fueron tres en total.
Sobre el estado actual del proceso, Macayo explicó que “en este momento la causa irá a juicio oral y público, pero esa instancia está un poco parada”. Macayo y Osvaldo González Salinas actúan como abogados querellantes, representando a los vecinos afectados por el espionaje.