El Consejo de la Magistratura resolvió por unanimidad enviar a juicio político al Dr. Hugo Sánchez, asesor de Familia en Esquel, tras múltiples denuncias por violencia laboral y de género presentadas por varias empleadas judiciales.
La instructora Lucía Pettinari encabezó la investigación que determinó que Sánchez ejerció un patrón sistemático de acoso y violencia, afectando gravemente la dignidad y el bienestar psicofísico de las personas involucradas. La denuncia fue iniciada el 6 de junio por la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut, luego de un sumario abierto por el defensor general Sebastián Daroca, a raíz de una denuncia por maltrato y acoso laboral contra Paula Epifane.
El informe oficial señala que las conductas abusivas fueron frecuentes y persistentes a lo largo de varios años, evidenciando además una inequidad en la distribución de las cargas laborales en detrimento de las mujeres y una falta de organización en el ámbito de trabajo. Estos hechos reflejan una clara ausencia de ética, decoro y probidad en la conducta del magistrado.
Asimismo, se destaca que “el efecto de desprestigio profesional por el hostigamiento y maltrato psicológico generado en Paula Epifane (perjuicio relevado en su afectación subjetiva, por parte del psicólogo del SITRAJUCH Mgter. Germán Canteros) configura violencia simbólica y psicológica”.
El dictamen pone énfasis en los costos económicos derivados de esta violencia en espacios públicos, indicando que hubo gastos innecesarios para el erario público, evidenciados en licencias de tratamiento prolongado con goce de haberes y en la reubicación de funcionarias a otras áreas, que no requerían esos recursos.
En conclusión, el informe señala que Sánchez incurrió en “la falta absoluta de consideración y la flagrante violación a la normativa constitucional y convencional vigente, a la Constitución de la Provincia de Chubut, a las leyes nacionales y provinciales anteriormente citadas, y los deberes que pesaban sobre el magistrado, conformando una conducta arbitraria, abusiva e irregular”.
La investigación también reveló la existencia de una cultura institucional basada en el miedo y la represalia instaurada como método de gestión por parte del Dr. Sánchez. Testimonios como el de la Dra. Vallejos, quien admitió no haber denunciado por falta de “valor” y por temor a ser tratada como “paria”, y el de la Dra. De Barbieri, quien expresó su miedo a “pasar por la picadora de carne”, evidencian que “el silencio no era una opción, sino una consecuencia directa de la intimidación”.
Este ambiente tóxico permitió que las conductas abusivas se prolongaran y silenciaron a las víctimas, generando un daño profundo al servicio de justicia, desincentivando las denuncias y garantizando la impunidad del magistrado.
Por estos motivos, Pettinari concluyó que el magistrado “ha quedado incurso en la causal de destitución: mal desempeño la Ley V Nro. 80 (art. 15 y 16)” y solicitó al pleno que se requiera la suspensión de Sánchez conforme al artículo 25 de la misma ley, petición que fue aprobada por unanimidad.