La Fiscalía de Lago Puelo pidió el sobreseimiento de Marcelo Mamolitti, exsubsecretario de Servicios Públicos de la Provincia, y de Mauro Palma, exjefe de la Delegación Noroeste de la Dirección General de Servicios Públicos, en la causa donde eran investigados por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública. La denuncia había sido presentada en 2024 por el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, y por el entonces fiscal de Estado, hoy ministro del Superior Tribunal de Justicia, Andrés Giacomone.
El fiscal Nicolás Vasiliev elevó un escrito a la jueza Silvana Vélez en el que manifiesta no haber hallado evidencia para sostener una acusación contra los imputados. La investigación incluía la presunta vinculación de los exfuncionarios con las empresas Ingenio y Net42, que mantenían contratos con Servicios Públicos. Sin embargo, los testimonios y documentos recolectados no lograron demostrar un beneficio personal ni maniobras incompatibles con sus cargos.
Uno de los puntos analizados fue la relación entre Transacue SA —firma dedicada a generar, transportar y distribuir energía, donde la Provincia tiene participación accionaria— y la empresa Ingenio, representada comercialmente por Palma. El presidente de Transacue, Gerardo Aguilera, declaró que ni Palma ni Mamolitti formaron parte del directorio en representación estatal, descartando así la posibilidad de incidencia directa en decisiones que pudieran favorecerlos.
Respecto al caso Net42, la acusación señalaba que los exfuncionarios habían autorizado el uso de postes de alumbrado público para el tendido de fibra óptica. Sin embargo, la Fiscalía determinó que la empresa había sido vendida a Sergio Benedetti antes de estas decisiones administrativas. Como contraprestación por el uso de postes, la Dirección General de Servicios Públicos obtenía fibra óptica sin costo y 3.000 litros de combustible anuales, sin indicios de un beneficio personal para Mamolitti o Palma.
“Los hechos investigados no encuadran en una figura legal”, sostuvo Vasiliev en su dictamen, donde concluye que las evidencias reunidas son “endebles” y que debe regir la presunción de inocencia. Por ello, solicitó formalmente el sobreseimiento de ambos exfuncionarios.