El incendio que afecta al Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, alcanzó una dimensión devastadora al consumir más de 45 mil hectáreas de vegetación nativa, incluyendo especies milenarias y un ecosistema de gran valor natural.
Más allá de las condiciones climáticas, la gestión inicial de la emergencia está bajo investigación judicial tras una denuncia presentada por la Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva del parque. Según la denuncia, la respuesta frente a los primeros focos fue gravemente negligente, motivada por tensiones internas entre los responsables del operativo.
Juan Zuoza, presidente de la asociación, afirmó que la falta de una activación técnica y oportuna de los recursos humanos y materiales disponibles facilitó la expansión del fuego. "Existía la posibilidad de realizar un 'ataque temprano' que hubiera limitado el siniestro a un área mucho menor", señaló, y calificó las decisiones tomadas en las primeras horas como erróneas.
El aspecto más polémico de la denuncia apunta a un conflicto personal entre el Jefe de la Brigada de Incendios y la Jefa de Guardaparques, quienes mantuvieron una relación sentimental que terminó mal. La falta de diálogo y colaboración entre ambos habría provocado una desconexión fatal para la estrategia de combate del incendio.
"Como no tienen una buena relación, no prestan colaboración entre las áreas. Eso llevó a que un cuerpo de guardaparques preparados para combatir el incendio no fueran convocados en el ataque inicial", declaró Zuoza. Esto habría impedido la articulación necesaria en un protocolo de incendios donde cada minuto es crucial.
La denuncia destaca que las áreas de Incendios (ICE) y Guardaparques deben operar como una unidad coordinada bajo una cadena de mando clara. Sin embargo, se habría priorizado la rivalidad personal sobre la responsabilidad pública, provocando demoras decisivas cuando el fuego aún podía ser controlado.
Se solicita a la Justicia que investigue si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público y negligencia grave. La Asociación sostiene que la falta de coordinación no fue un error aislado, sino una consecuencia directa de la tensión interna en la administración del Parque Nacional.
El incendio ha provocado una significativa pérdida de biodiversidad, la muerte de fauna autóctona y daños en propiedades de los pobladores de la reserva. Para los denunciantes, el daño ambiental es irreparable y la responsabilidad recae en quienes tenían el mandato de proteger el área y omitieron acciones básicas por motivos personales.
Actualmente, el foco ígneo sigue siendo una amenaza para la región cordillerana, mientras la Justicia federal investiga los hechos. Se espera que se requieran registros como libros de guardia, comunicaciones por radio y movimientos de personal para contrastar la versión de los pobladores con la realidad durante las horas iniciales.
De confirmarse las irregularidades, la causa podría derivar en desplazamientos de cargos y sanciones penales por el daño ocasionado al patrimonio natural nacional.
Hasta ahora, no hubo un descargo oficial detallado por parte de las autoridades de Parques Nacionales respecto a la situación personal de sus jefes, aunque el ambiente institucional se encuentra en máxima tensión. El operativo continúa con apoyo aéreo y brigadistas de distintas provincias, pero la sombra de la duda sobre la gestión inicial ya pesa en la opinión pública.