La Cámara de Diputados otorgó media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por la diputada Patricia Bullrich, fue aprobada con 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, y ahora deberá ser analizada por el Senado.
El proyecto contó con el respaldo de bloques como LLA, PRO, UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal y otros representantes provinciales. Por su parte, el peronismo rechazó la propuesta en la votación general, aunque el Frente Renovador se apartó en la votación por artículos y apoyó la baja de la edad, en concordancia con una iniciativa propia de 2015 que también establecía los 14 años como límite.
Este nuevo régimen no solo fija la edad de imputabilidad en 14 años, sino que establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. Para condenas menores a 10 años, contempla penas alternativas como amonestación, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño.
Se prevé la creación de institutos especializados para menores condenados, donde se garantice su derecho a la educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Además, el personal deberá estar capacitado en infancia y adolescencia, y queda prohibida la convivencia con detenidos adultos.
El proyecto habilita también la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con la participación obligatoria de todas las partes y el consentimiento expreso de la víctima. Un punto destacado es el reconocimiento expreso de los derechos de las víctimas, que podrán ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, asistencia psicológica y participar en instancias relevantes del proceso, incluyendo mecanismos restaurativos.
La diputada Laura Rodríguez Machado, miembro informante y presidenta de la comisión de Legislación Penal, afirmó que la ley vigente desde 1980 “no previene, no resocializa y no repara”, y sostuvo que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que Argentina ha suscripto pero no plasmó en normativa. También advirtió que el régimen actual deja a muchos jóvenes “en un limbo” sin debido proceso ni políticas de resocialización, lo que facilita su captación por organizaciones criminales.
El consenso logrado para la media sanción fue producto de más de un año de trabajo conjunto en un plenario de cuatro comisiones, con el análisis de más de veinte proyectos y la participación de más de treinta especialistas.
Desde el peronismo, Juan Grabois cuestionó que la iniciativa no aborda el problema desde un enfoque integral y señaló que “la edad la pueden bajar a los cero años. No es un problema de bajar o no bajar la edad”. Planteó que el foco debería estar en la salud mental y los consumos problemáticos, reclamando herramientas para la internación de adolescentes en situaciones críticas. Por su parte, Juan Carlos Molina cuestionó que “estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación, los salarios de médicos, no tener centros deportivos”.
En contraste, el diputado libertario Santiago Santurio defendió la medida como una respuesta necesaria para que los jóvenes que cometen delitos graves comprendan que deben responder por sus actos y destacó que “para las víctimas... no pueden quedar impunes”.
El debate fue seguido desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, entre ellos Romina Monzón y Virginia, madre y tía de Jeremías Monzón, asesinado a puñaladas en Santa Fe, así como representantes de Madres del Dolor, USINA de Justicia y familiares de otros casos emblemáticos.
En la última versión del proyecto, el Gobierno añadió un artículo que destina $23.739.155.303 para la implementación del régimen, distribuidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación, tras la presión de gobernadores que rechazaban asumir todos los costos.
El exsenador Miguel Ángel Pichetto advirtió que bajar la edad de punibilidad es una medida necesaria y acorde a estándares internacionales, pero advirtió que sin inversión en establecimientos adecuados y educación, “es solo humo para la tribuna”.
Finalmente, Laura Rodríguez Machado aclaró minutos antes de la votación que la redacción fue ajustada para evitar confusiones respecto a la prohibición de que menores estén detenidos junto a presos adultos.