Después de una extensa sesión que superó las 16 horas, el Senado aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno libertario y aliados, relegando al kirchnerismo. La iniciativa pasó con 42 votos a favor y 30 en contra y ahora será remitida a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, donde el oficialismo mantiene la mayoría.
El debate fue intenso y se dividió en 26 títulos, que demandaron precisión y negociaciones de último minuto, especialmente en la Casa Rosada, lo que generó tensión entre los dialoguistas. Entre las modificaciones más relevantes se destacan la eliminación del artículo que proponía alivios en Ganancias para grandes empresas y la continuidad de aportes sindicales compulsivos, aunque con topes más bajos.
Asimismo, se mantuvo el aporte del 6% destinado a obras sociales y se suavizó la propuesta original sobre el Fondo de Asistencia Laboral, vinculado a indemnizaciones. También se extendió a un año el plazo para algunos estatutos que inicialmente la Casa Rosada quiso eliminar.
Un punto controvertido fue la inclusión, por parte de La Libertad Avanza (LLA), del traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires como anexo de la ley. Esta maniobra generó críticas por saltarse el procedimiento parlamentario formal y provocó un choque entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la líder libertaria en el Senado, Patricia Bullrich.
El inicio del debate estuvo a cargo de Bullrich, quien destacó brevemente la importancia del proyecto y cedió la palabra a sus colegas Juan Cruz Godoy y Bruno Olivera Lucero. Godoy afirmó que la reforma brindará seguridad a los empleadores sobre los riesgos de litigios laborales, mientras Olivera Lucero defendió el Fondo de Asistencia Laboral aclarando que no altera el régimen de indemnizaciones vigente.
Desde la oposición, Mariano Recalde (kirchnerismo) cuestionó la reforma señalando que “en ninguna reforma laboral flexibilizadora se generó empleo o se facilitó la registración”. Pablo Bensusán, del interbloque Popular, consideró que el fortalecimiento del trabajo registrado y el respeto a las autonomías provinciales son claves para mejorar las relaciones laborales y generar empleo.
Por su parte, Mariana Juri y Daniel Kroneberger, ambos radicales, coincidieron en que la legislación vigente está desactualizada y que la reforma aporta previsibilidad y se adapta a los cambios productivos y tecnológicos actuales. En contraste, Florencia López (peronismo) criticó duramente la iniciativa, acusando a los oficialistas de desconocer la doctrina del derecho laboral.
En un tono más crítico, Agustín Monteverde, oficialista, calificó el régimen actual como “siniestro”, con “empleo precario, salarios pobres y costos laborales desorbitados para el empleador”. Además, denunció que la industria del juicio laboral está en problemas y cuestionó a los sindicatos por su prepotencia y violencia tanto dentro como fuera del recinto.
Entre los debates, Flavia Royón (Primero Los Salteños) destacó la necesidad de una reforma tributaria para combatir la informalidad, que afecta a casi seis millones de personas sin derechos laborales básicos. También expresó su rechazo al Fondo de Asistencia Laboral y cuestionó su administración.
El jefe del PRO en el Senado, Martín Goerling, anunció la negativa de su bancada a mantener los aportes sindicales compulsivos, aunque finalmente el bloque acompañó la propuesta oficialista. Goerling argumentó que la alta carga tributaria laboral en Argentina, del 34%, es un obstáculo para la creación de empleo y comparó esta cifra con la de Chile y Estados Unidos, mucho menores.
El presidente de la UCR, Eduardo Vischi, destacó que los abusos sindicales serán sancionados y aclaró que el sistema previsional se sostiene con impuestos generales, no solo con aportes de trabajadores y empleadores, sugiriendo no tomar el Fondo de Asistencia Laboral de forma maliciosa.
El kirchnerismo cerró el debate con José Mayans, quien calificó el proyecto de “abiertamente inconstitucional” y acusó al presidente Javier Milei de carecer de credibilidad. La palabra final la tuvo Patricia Bullrich, quien defendió la reforma como una batalla histórica para modernizar un sistema laboral obsoleto y aseguró que la iniciativa busca brindar seguridad jurídica y reducir la informalidad.
Bullrich también denunció que “la única persona que está presa en la Argentina es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner” y rechazó las críticas contra el presidente Milei. Resaltó la necesidad de limitar los costos excesivos de los juicios laborales, que, según dijo, se llevan más del 50% de las indemnizaciones.
En la votación general, los bloques libertarios, UCR, PRO y Provincias Unidas conformaron la mayoría con 42 votos a favor. La oposición kirchnerista y algunos aliados votaron en contra. La votación particular mostró variaciones, pero la mayoría se mantuvo para cada uno de los 26 títulos del proyecto.
Entre los temas más destacados en la votación particular se encuentran el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad, el mantenimiento del 6% para obras sociales y la continuidad de aportes sindicales compulsivos a pesar de la oposición del PRO. La sesión evidenció tensiones internas en el oficialismo y entre bloques aliados.