El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de modernización laboral que había recibido media sanción en el Senado, aunque con una modificación clave: la eliminación del artículo sobre licencias médicas. Esta decisión implica que la norma deberá regresar a la Cámara alta para su aprobación definitiva.
Con 135 votos a favor, 115 en contra y ninguna abstención, el texto obtuvo el respaldo de La Libertad Avanza junto a sus aliados habituales del PRO, la UCR y el MID, además de diputados provinciales de Salta, Misiones, San Juan, Santa Cruz, Neuquén, Tucumán y parte de Provincias Unidas. En contraposición, votaron en rechazo Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Elijo Catamarca, Primero San Luis y el resto de Provincias Unidas.
Previo a la votación, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, estuvieron presentes en un palco del Congreso, siendo ovacionados por los diputados libertarios.
Durante la sesión, el oficialismo logró reunir el quórum necesario con 130 diputados presentes, sumando a sus 95 legisladores los apoyos del PRO, UCR, MID y varios bloques provinciales. Entre ellos destacaron los aportes de los gobernadores misionero Mario Pasalacqua, salteño Gustavo Sáenz, tucumano Osvaldo Jaldo, catamarqueño Raúl Jalil, sanjuanino Marcelo Orrego y el santacruceño Claudio Vidal.
Sin embargo, algunos diputados que contribuyeron al quórum luego rechazaron la reforma. Por ejemplo, Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca, afirmó que el proyecto “vulnera y afecta derechos y garantías constitucionales”, y denunció que la ley es regresiva y no garantiza más empleo, aunque su bloque había dado quórum previamente.
La oposición peronista y de izquierda cuestionó duramente la iniciativa. Juan Grabois pidió a los diputados que “no sean verdugos de los trabajadores”, mientras que Máximo Kirchner calificó la ley como un “nuevo fracaso” y afirmó que “daña a los argentinos”. El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, aseguró que la norma es “tan anti obrera” y anticipó que será derogada cuando vuelvan al poder.
Desde la UCR, el diputado Diógenes González justificó el voto favorable argumentando que las Pymes, que generan el 70% del empleo privado, necesitan reducir la litigiosidad para poder competir y cumplir convenios colectivos. Su compañero Lisandro Nieri agregó que la reforma es un paso hacia la modernización laboral que busca mayor productividad y prosperidad para el país.
Uno de los puntos más controvertidos fue la eliminación del artículo 44, que limitaba licencias médicas y reducía el porcentaje de remuneración durante esas ausencias. El texto original establecía que, en caso de accidente o enfermedad no laboral, el trabajador percibiría entre el 50% y 75% del salario durante un período de 3 a 6 meses según su situación familiar. Tras las críticas y viralización del ejemplo de partidos de fútbol, el oficialismo decidió retirar por completo este artículo para ampliar consensos.
El proyecto también incluye otras modificaciones importantes, como:
Convenios colectivos: Prioridad a acuerdos por empresa o región sobre convenios sectoriales, y eliminación de la ultraactividad que prorrogaba automáticamente convenios vencidos.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se financiará con aportes obligatorios de empresas, con un 1% para grandes y 2,5% para MiPyMEs, lo que podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones.
Vacaciones: Se permite fraccionarlas en tramos mínimos de siete días entre octubre y abril, con posibilidad de acordar fechas fuera de ese período.
Indemnizaciones: Mantienen un mes de sueldo por año de servicio, excluyendo aguinaldo y premios extraordinarios, con topes máximos y mínimos definidos, y posibilidad de pago en cuotas ajustadas por inflación e interés.
Banco de horas: Acuerdos escritos para compensar horas extra con límites diarios y semanales, respetando descansos y salud laboral.
Trabajadores de plataforma: Se crea la figura del repartidor independiente, desvinculando esta relación de un vínculo laboral tradicional.
Derecho a huelga: Servicios esenciales deben garantizar un 75% de funcionamiento y servicios trascendentales un 50%, con autorización previa para asambleas.
Blanqueo laboral: Se exime hasta un 70% de deudas por aportes a la seguridad social y se reduce cargas patronales para empleadores que formalicen nuevos trabajadores.
La sesión finalizó con momentos de tensión cuando la oposición intentó suspender la votación y el oficialismo respondió acelerando el proceso. La diputada Silvana Giudici propuso un acortamiento del debate, pero luego retiró la moción para continuar con el orden previsto.
La reforma seguirá su tratamiento en el Senado, donde el Gobierno buscará convertirla en ley antes del 1 de marzo, fecha en que el presidente Javier Milei realizará su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, en busca de una importante victoria legislativa.
Mientras tanto, las protestas contra la reforma laboral disminuyeron en asistencia, aunque se registraron enfrentamientos violentos con la policía y al menos 12 detenidos. La CGT confirmó un paro en rechazo a la norma y denunció el cierre de la planta FATE como consecuencia del plan económico del Gobierno.