El Gobierno avanza en una profunda modificación de la Ley de Tierras Rurales con el objetivo de habilitar plenamente la compra de tierras por parte de extranjeros, eliminando los topes y restricciones que rigen desde hace más de una década. La iniciativa será incluida en el paquete de reformas que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso en las próximas semanas.
Uno de los cambios centrales es la supresión del límite que impedía que personas o empresas extranjeras superaran un porcentaje determinado de la superficie rural total del país. Con la modificación propuesta, la adquisición quedaría completamente liberada, sin condicionamientos por nacionalidad ni por superficie acumulada.
El proyecto también plantea eliminar la prohibición que impide cambiar el uso productivo de un campo durante décadas tras un incendio, una restricción que —según el Gobierno— desalienta inversiones y frena la recuperación de actividades económicas en zonas afectadas.
La iniciativa generó una inmediata polémica en sectores políticos y sociales que advierten que, sin controles, podría profundizar la extranjerización del territorio, aumentar la concentración de la propiedad y exponer zonas estratégicas —incluidas áreas con recursos naturales— a intereses privados externos. Desde el Ejecutivo, sin embargo, sostienen que el objetivo es atraer capitales, promover el desarrollo productivo y eliminar regulaciones consideradas “obstáculos” para el crecimiento.
El debate legislativo promete ser intenso y cargado de implicancias económicas, ambientales y geopolíticas, ya que la reforma redefine el modelo de tenencia y control de tierras en la Argentina.