El Gobierno, en una conferencia liderada por el vocero presidencial Manuel Adorni, hizo oficial el cierre y reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo que estuvo bajo la égida del Poder Ejecutivo y se ocupaba, entre otras funciones, de la construcción de rutas.
La presentación comenzó con un video que reseñaba las denuncias de corrupción vinculadas a la causa Vialidad, por la que la ex presidenta Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión y actualmente se encuentra cumpliendo arresto domiciliario.
Durante su exposición, Adorni recordó aspectos de la investigación que desembocaron en la condena de la ex mandataria, quien se encuentra ahora privada de su libertad. En este contexto, mencionó que el expediente se fundamentó en 51 contratos de obra pública “con sobreprecios para el contratista Lázaro Báez”.
“Hubo contratos públicos amañados, abandono de obras, ampliación injustificada de plazos”, lanzó Adorni, subrayando que la Justicia ha documentado que “hicieron una maniobra administrativa para inyectarle liquidez a Vialidad.
Un instrumento para la maniobra ilegal destinada a mover recursos”. Luego de presentar los argumentos que sustentan la decisión, el vocero comunicó oficialmente la medida. “El presidente Javier Milei, a través de un decreto que se publicará mañana, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, junto a otros dos organismos: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, señaló.
Además, explicó que la CNRT cambiará su denominación a Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte, y será la entidad responsable de aplicar normas en relación a la fiscalización de concesiones viales.
En este marco, el Gobierno se prepara para lanzar la licitación de 9.120 kilómetros de rutas, que sufrieron deterioro tras largos años de corrupción y mal manejo. Adorni enfatizó que esta decisión representa “un acta de defunción a la corrupción en la Obra Pública, y quien la firmó fue el presidente de la Nación”.
Asimismo, destacó el uso de las facultades delegadas que ejerció Milei, las cuales caducan mañana. “Decían que aprobar las facultades delegadas era ilegal, que se le daban superpoderes a un gobierno reaccionario, que se estaba vendiendo el país.
Sin embargo, el gobierno de Milei es de los pocos que no ha pedido ni decretado una prórroga a dichas facultades, algo común durante el kirchnerismo hasta el final de su gestión”, subrayó el vocero. Expresó además que aquellos que critican ahora el uso de estas herramientas son los mismos que hicieron caso omiso cuando Alberto Fernández proclamó la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que otorgó poderes especiales al Ejecutivo en medio de la emergencia pública, incluyendo la creación de impuestos como el Impuesto PAIS.
“En mayo de 2021, el gobierno anterior utilizó estas facultades para restringir libertades durante la pandemia”, argumentó. Finalmente, Adorni subrayó que el presidente Milei utilizó estas herramientas, que caducan mañana, para ofrecer alivio fiscal a las finanzas del Estado.
“Por primera vez, las facultades delegadas se utilizaron para disminuir la carga fiscal que soportan los argentinos. Los 65 decretos delegados que se promulgaron en el último año generaron un ahorro de 2 mil millones de dólares en gastos”, concluyó.
Además, resaltó que Milei se mantuvo firme respecto al plazo de los superpoderes. “Se respetó la institucionalidad por completo, se cumplió con el año estipulado y el propósito fue implementar un plan de reformas para sacar a la Argentina de la decadencia”, finalizó Adorni.