Durante el 194° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrado este miércoles en Miami, se desarrolló una audiencia crucial para el periodismo argentino, con una destacada participación de representantes de Esquel.
Organizaciones como FOPEA, Amnistía Internacional, el CELS y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) presentaron ante la CIDH un informe que refleja un preocupante deterioro en la libertad de expresión en Argentina, sustentado en datos estadísticos, testimonios y casos específicos de hostigamientos, agresiones y limitaciones al trabajo periodístico.
La presidenta de FOPEA, Paula Moreno, periodista oriunda de Esquel, abrió la intervención con un hecho sin precedentes para la ciudad: es la primera vez que una periodista esquelense representa al periodismo argentino ante este organismo internacional.
Moreno compartió cifras alarmantes obtenidas del monitoreo anual de FOPEA: “En 2024 registramos 179 ataques al ejercicio periodístico, lo que representa un aumento del 53% respecto a 2023”. Además, señaló que hasta noviembre de 2025, el Presidente de la Nación concentró 113 de los 250 casos relevados, evidenciando un clima de estigmatización y deslegitimación pública hacia la prensa.
El abogado Hugo Wortman Jofré también participó por FOPEA, junto con el periodista Hugo Alconada Mon (La Nación), quien intervino de manera virtual para detallar las agresiones digitales que sufrió tras publicar un informe sobre un presunto plan de espionaje ilegal: “Afronté 10 intentos de hackeo a mi WhatsApp, 2 a mi correo, otros 2 a mi cuenta de X; amenazas a mi celular y hasta intentos de registrar mis datos en páginas pornográficas”.
La periodista Julia Mengolini denunció una campaña de difamación basada en imágenes y videos falsos generados por inteligencia artificial, acompañada de amenazas graves hacia ella y su familia. “Se acompañó de amenazas de violación y de muerte, incluso contra mi hija. El Presidente amplificó esta violencia: publicó casi 100 mensajes en mi contra en cuatro días”, relató.
Francisco Rabini, del SiPreBA, advirtió que “es la primera vez que un gobierno democrático diseña y alienta una campaña de ataque contra periodistas”. Se mencionaron también casos de fotógrafos perseguidos con armas blancas y agresiones físicas, además de denuncias judiciales contra periodistas que la Justicia termina desestimando.
El fotoperiodista Tomás Cuesta, de ARGRA, narró la violencia policial durante coberturas: “Nos equipamos como si fuéramos a una zona de guerra. No porque las protestas sean más violentas, sino porque la policía lo es”.
Las organizaciones también alertaron sobre el vaciamiento de medios públicos como Radio Nacional, la TV Pública y la agencia Télam, señalando que esta situación perjudica el sistema federal de comunicación. Paola García Rey, directora de Amnistía Internacional Argentina, afirmó que “el gobierno no quiere que lo que hace quede registrado. Por eso apunta a los periodistas”.
En representación del Estado argentino, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, rechazó las acusaciones y sostuvo que en el país “no se vulneran derechos humanos en forma masiva”.
Las respuestas oficiales generaron inquietud entre los comisionados. Edgar Stuardo Ralón, relator para Argentina, preguntó: “¿Los altos mandos del Estado, incluido el Presidente, están fomentando un ambiente que podría llevar a la autocensura?” La comisionada Gloria de Mees agregó: “No da la impresión de que el Estado esté entendiendo la gravedad del problema”.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, fue contundente: “Todo indica un contexto de amenazas, criminalización y vigilancia sobre periodistas y activistas”.
En el cierre, Paula Moreno destacó la importancia de fortalecer los mecanismos del sistema interamericano para proteger los derechos humanos de la ciudadanía y del periodismo. “Los comunicados de prensa no alcanzan. Debemos dinamizarlos para que se conviertan en un escudo protector de los derechos humanos de todos los ciudadanos, incluidos los periodistas”.
La audiencia, solicitada originalmente por FOPEA, abrió un espacio de debate profundo entre la sociedad civil y el Estado argentino sobre el respeto a los estándares democráticos y la defensa de la libertad de expresión en el país.