El presidente Javier Milei formalizó la firma de los vetos a dos leyes que habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio y que contemplaban un aumento para jubilados y la declaración de emergencia en discapacidad. Estos vetos serán publicados en el Boletín Oficial el próximo lunes.
La decisión de vetar ambas normativas se comunicó en los últimos días con la intención de retrasar su tratamiento en el Congreso. Según fuentes oficiales, el Gobierno nacional mantiene conversaciones con gobernadores y bloques aliados para evitar que estas leyes avancen en la Cámara de Diputados.
Desde la Casa Rosada se busca consolidar consensos con las provincias a través de la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la negociación de posibles pactos vinculados a las elecciones nacionales que se celebrarán el 26 de octubre. En este marco, se oficializó esta semana la incorporación de cinco diputados radicales al bloque de La Libertad Avanza: Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier, Francisco Monti y Mariano Campero.
El Gobierno también trabaja para obtener el respaldo del PRO y otros legisladores federales cercanos. Los encargados de dialogar con los sectores opositores más predispuestos al consenso son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vicejefe del Interior, Lisandro Catalán; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.
Durante las últimas semanas, estos funcionarios mantuvieron reuniones con más de siete gobernadores, incluyendo a Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza). El Gobierno negoció la conformación de frentes electorales con algunos de ellos y acordó competir por separado con otros para intentar desplazar al peronismo en sus provincias.
El Ejecutivo dejó en claro que no apoyará modificaciones en la recaudación del impuesto a los combustibles y que aplicará un esquema de acercamientos “uno a uno” para acordar la cancelación de deuda y el envío de fondos discrecionales con los mandatarios provinciales. Hasta el momento, el oficialismo sólo estaba dispuesto a ceder el porcentaje del tributo destinado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL).