Las federaciones sindicales docentes universitarias Conadu y Conadu Histórica convocaron a un paro nacional de 72 horas para la semana del 12 al 14 de noviembre de 2025 en todas las universidades nacionales del país. El reclamo principal es la reapertura de la negociación paritaria y el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, que consideran incumplida por el Gobierno.
La medida se enmarca en un contexto de deterioro salarial desde diciembre de 2023 y una parálisis en las conversaciones salariales con el Ejecutivo. Ante la falta de respuestas, los sindicatos incluso pusieron en consideración la posibilidad de que no comience el ciclo lectivo 2026, advirtiendo sobre la gravedad de la situación.
Durante 2025, la conflictividad con los trabajadores universitarios se mantuvo constante, con múltiples paros y movilizaciones para apoyar la Ley de Financiamiento Universitario. Esta norma, aprobada por amplia mayoría en el Congreso, fue vetada inicialmente por el presidente Javier Milei. Sin embargo, el veto presidencial fue rechazado por no alcanzar los dos tercios necesarios, aunque el Ejecutivo promulgó la ley, suspendiendo su aplicación alegando que corresponde al Congreso definir las fuentes de financiamiento.
Esta situación generó una disputa judicial, con una presentación del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que señaló: “Este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
El paro fue definido por mayoría en un plenario de secretarias y secretarios generales de Conadu, tras una consulta nacional que integró a toda la comunidad universitaria. La convocatoria a una medida de fuerza federal contó con un consenso amplio, y el comunicado oficial destacó que “fue total también el acuerdo de los sindicatos de todo el país en afectar el inicio del curso lectivo 2026 si el Gobierno no avanza en la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, y en judicializar en articulación con el Frente Sindical Universitario el reclamo por la apertura de paritarias”.
Conadu expresó además su solidaridad con los docentes de ADUFOR, quienes denunciaron persecución política y sanciones por parte de la Universidad Nacional de Formosa.
Por su parte, Conadu Histórica ya había convocado a la huelga el 30 de octubre, con la participación de 84 delegados, reafirmando la profundización del plan de acción “en defensa de la universidad pública y de los salarios” de los trabajadores de la docencia universitaria y preuniversitaria. Entre los motivos de la huelga, señalaron el deterioro del poder adquisitivo y la falta de una respuesta oficial, exigiendo la “inmediata convocatoria a paritarias” y el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario.
En contraste, el Frente Sindical Universitario, que agrupa a diversas instituciones gremiales, no mostró una postura unificada ante la crisis educativa. Por ejemplo, la Federación Argentina de Docentes Universitarios de Tecnología (FAGDUT), que actúa en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), declaró un “estado de alerta” y anunció que presentará una carta documento con un pedido formal para la apertura de paritarias en un plazo máximo de 48 horas.
El secretario general de FAGDUT, Ricardo Mozzi, informó que el plan de acción incluirá medidas de fuerza, clases públicas y jornadas de visibilización, según lo que decidan los gremios federados. Además, expresó preocupación por las reformas laborales promovidas por el Gobierno y destacó el crecimiento de afiliaciones a la federación, dado que “muchos colegas necesitan protegerse frente a esta vil coyuntura”.
Otros sindicatos como FATUN y FEDUN no se pronunciaron oficialmente sobre las medidas, mientras que la Unión de Docentes Argentinos (UDA), integrada en la CGT y liderada por Sergio Romero, ha optado por explorar las negociaciones con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, responsable del presupuesto universitario.