Los magistrados Ana María D’Alessio, Alejandro Cabral y Enrique Nicolás Baronetto fueron apartados del proceso judicial por el robo de vacunas en Comodoro Rivadavia que involucra al Sindicato de Camioneros. La decisión se tomó luego de que el Ministerio Público Fiscal presentara una recusación basada en opiniones emitidas por los jueces durante el juicio celebrado en junio, sobre el fondo del asunto.
Con la inhibición aceptada, la Cámara Federal de Casación Penal deberá nombrar un nuevo tribunal para continuar el juicio contra los imputados restantes, entre ellos el secretario general de Camioneros, Jorge Omar Taboada, y más de veinte personas acusadas de encubrimiento.
En junio, el Tribunal Oral Federal condenó a la enfermera Analía Muñoz y al afiliado Marcos Paura por el robo de dosis de la vacuna Sputnik V, mientras que otros acusados evitaron el juicio gracias a un acuerdo de probation. Sin embargo, la Cámara de Casación revocó ese beneficio, por lo que ahora se retomarán las audiencias orales contra ellos.
Entre los futuros juzgados figuran Vilma Borau, Gisela Ampuero, Daiana Cárcamo, Eduardo Narváez, Marisa Torres, Cinthia Hernández, Noelia Moure, Silvio Borau, Valeria Khoury, Miguel Santana, Jessica Modinger, Cecilia Alvarado, Laura Cárcamo, Sonia Campos, Yolanda Gordillo, Silvana Taboada, Valeria Mansilla, Pablo Mansilla, Héctor Guzmán y Esteban Guzmán.
La recusación se fundamentó en que los jueces ya habían valorado pruebas y emitido juicios sobre la conducta de varios acusados, lo que comprometería su imparcialidad en un nuevo proceso. El Ministerio Público Fiscal destacó que “la imparcialidad implica que el juez muestre garantías suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad frente al caso”.
El fallo recordó que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “si de alguna manera puede presumirse que el juez genera dudas acerca de su imparcialidad frente al tema a decidir, debe ser apartado de su tratamiento, para preservar la confianza de los ciudadanos —y sobre todo del imputado— en la administración de justicia, que constituye un pilar del sistema democrático”.
La sentencia original detalló que Marcos Paura, afiliado al gremio, ofreció dinero a la enfermera Analía Muñoz a cambio de 30 dosis de la vacuna Sputnik V destinadas al personal y dirigentes de la Obra Social del Sindicato de Camioneros de Comodoro Rivadavia. Muñoz, que trabajaba en el Hospital Regional, tenía acceso directo a los insumos estatales.
Según lo expuesto por la jueza D’Alessio, la primera dosis fue aplicada en la sede de la obra social, y la segunda sustraída del hospital el 26 de enero de 2021. Tres días después, el 29 de enero, el grupo volvió a vacunarse.
Entre las evidencias se incluyen capturas de pantalla y mensajes de WhatsApp que demuestran la maniobra y el intento de mantenerla oculta. En uno de esos mensajes, Cinthia Hernández, administrativa de Camioneros, advertía: “Doc, por las dudas no comente que nos van a vacunar. Naza nos avisó que tengamos absoluta reserva, que no digamos nada”.
Otros mensajes reflejaban la indignación del personal de salud ante la situación: “No son de salud. A todos los empleados del sindicato y obra social de camioneros. Una vergüenza. No digas que yo comenté. Estoy indignada. Se vacunan todos mañana”. Otro señalaba el contexto de escasez de vacunas en la pandemia: “Terrible. Cuando para los médicos todavía no hay. Es una hijaputez absoluta. Estoy acá. Se vacunan acá mañana, en los consultorios de Camioneros”.
También se incorporaron conversaciones del grupo de WhatsApp “Obra Social”, donde los involucrados pedían mantener la reserva: “Chicos, ¿todo bien los que se vacunaron?”, “Les pedí por favor absoluta reserva con el tema de la vacuna”, “Me acaba de preguntar un médico interno si los vamos a vacunar”.
El caso del robo de vacunas ocurrido en enero de 2021 durante la primera etapa del operativo nacional de inmunización contra el COVID-19 fue uno de los episodios más sensibles de la pandemia en la región patagónica, tanto por la gravedad sanitaria como por la implicancia de un gremio con fuerte presencia local.
A más de cuatro años de los hechos, el expediente se reabre con un nuevo tribunal y la expectativa de que se realicen las audiencias necesarias para definir la responsabilidad de todos los involucrados en este caso que sigue siendo objeto de atención pública.