La Cámara Penal de Trelew decidió reducir en cuatro meses la pena de Cecilia Torres Otarola, quien fue diputada y ministra de Familia en Chubut. Así, su condena se ajusta de 3 años a 2 años y ocho meses de prisión en suspenso.
No obstante, permanece la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos. Torres Otarola enfrenta cargos por fraude a la administración pública y exacciones ilegales. Se comprobó que solicitaba de manera irregular aportes monetarios de algunos colaboradores políticos y que contrataba a personas de su círculo cercano para tareas en el Estado que, en la práctica, no cumplían.
Casos emblemáticos de este escándalo incluyen a su niñera y jardinero, quienes figuraban como empleados públicos sin realizar labores efectivas. Según lo informado por Diario Jornada, el ajuste en la pena se produjo porque la Cámara Penal, compuesta por los jueces César Zaratiegui, Alejandro Defranco y Adrián Barrios, acogió el argumento de los defensores Romano Cominetti y Francisco Romero para absolver a Torres Otarola y a su exniñera Silvana Cañumil en uno de los siete delitos imputados.
La Unidad Anticorrupción había sostenido que Cañumil fue contratada como asesora política en la Legislatura, pero en realidad desempeñaba tareas domésticas en el hogar de Torres Otarola. No obstante, la Cámara optó por el beneficio de la duda, dado que existían testimonios que la vinculaban a ambas funciones, lo que impidió demostrar que su trabajo fuera únicamente como "ñoqui".
El fallo, que abarca alrededor de 70 páginas, también mantuvo las condenas para otros involucrados en el caso, como Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles, quienes igualmente fueron hallados culpables de fraude al Estado al cobrar sueldos sin cumplir funciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La investigación y acusación estuvo a cargo del fiscal Omar Rodríguez, quien subrayó la complejidad del caso, así como la ausencia de pruebas de que los empleados contratados realizaran tareas adecuadas o cumplieran con funciones estatales.
La causa "Ñoquis Calientes" surgió a raíz de denuncias sobre contrataciones irregulares dentro del aparato estatal de Chubut, donde muchos empleados figuraban en planillas sin realmente desempeñarse en funciones públicas o trabajando en domicilios particulares.
Este proceso judicial se extendió más de cuatro años y estableció un importante precedente en la lucha contra la corrupción en la provincia. Durante la audiencia de revisión, los defensores de Torres Otarola pidieron la nulidad de la sentencia, considerándola arbitraria.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal rechazó estas solicitudes, resaltando que el procedimiento fue minucioso y que no se podían reintroducir temas ya discutidos. La resolución final de la Cámara fue notificada el 12 de junio de 2025, confirmando la reducción de la pena impuesta a Torres Otarola y la permanencia de las condenas para los demás acusados culpables.