En una recorrida por la zona que fue desalojada en el Parque Nacional Los Alerces, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto al gobernador Ignacio Torres y el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, destacaron la importancia de poner fin a la usurpación de tierras en el país.
Durante la visita, Bullrich remarcó que "durante 18 años, en Argentina se ha usurpado impunemente, y la usurpación prácticamente se ha legalizado. La propiedad privada ha perdido su valor". Además, recordó el esfuerzo del Gobierno para poner fin a la Ley 26.160, que establece medidas de emergencia en relación a la posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas.
En este sentido, la ministra afirmó que el desalojo en Los Alerces marca el inicio de una serie de procedimientos destinados a poner fin a la falta de respeto hacia la propiedad privada en Argentina. "Este es el primero, pero vamos a hacer tantos procedimientos como sean necesarios, siempre defendiendo al ciudadano de bien que quiere hacer de este país una patria grande, productiva, y con futuro. Con nuestro Gobierno, la tierra es de su dueño legítimo y no de quien se autopercibe como su propietario", señaló Bullrich.
El desalojo fue llevado a cabo por orden del juez federal Guido Otranto después de haber agotado todas las instancias judiciales y los intentos de retiro pacífico. La ocupación ilegal incluyó la usurpación de una seccional de Guardaparques y generó conflictos recurrentes, con denuncias de agresiones al personal de la Administración de Parques Nacionales y daños a la propiedad del Estado Nacional.
Es importante recordar que el Gobierno Nacional decidió no prorrogar la Ley N.º 26.160 de emergencia territorial indígena, con el argumento de que su continuidad afectaba el orden legal y el respeto a la propiedad.
La ministra Bullrich reafirmó el compromiso del Gobierno con el respeto al orden constitucional, la convivencia pacífica y la seguridad de la ciudadanía, destacando que "dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada". Con acciones como estas, se busca restablecer el valor de la propiedad privada y garantizar el cumplimiento de la ley en todo el territorio argentino.