La Comisión Investigadora del Concejo Deliberante de Epuyén emitió un dictamen acusando al intendente José Contreras por presuntas irregularidades en la gestión municipal relacionadas con habilitaciones, acuerdos irregulares y falta de información sobre la emergencia ígnea de 2025.
El proceso se activó luego de que se viralizara un video donde un vecino de Epuyén denunciaba ante el gobernador Ignacio Torres que no había recibido la ayuda prometida tras los incendios del año anterior. A partir de entonces, la Comisión comenzó a analizar distintas situaciones vinculadas a la administración local.
Entre las irregularidades detectadas, se señala la entrega sucesiva de habilitaciones provisionales por un total de 120 días a la Asociación Civil Antú Quillén para el edificio municipal denominado "Centro de Visitantes Puerto Bonito". Esta decisión resulta contradictoria, ya que la habilitación requería la finalización de las obras y no existió un instrumento legal que justificara la prórroga.
Respecto al comerciante Lautaro Márquez, la Comisión halló que su local no debía renovar la habilitación comercial debido a incumplimientos como la carencia de baño y otras exigencias. Sin embargo, se firmó un acuerdo extrajudicial que evitó nuevas inspecciones y le concedió una exención en el pago de tasas por dos años.
La exdirectora de Inspecciones, Melina Bellizio, confirmó que se le informó que no debía realizar inspecciones al comerciante durante ese período y que este no tendría que abonar tasas ni renovar la habilitación. El dictamen advierte que esto representa una "extralimitación de funciones" del Ejecutivo, ya que la competencia para otorgar tales beneficios correspondía al Concejo Deliberante.
Bellizio también declaró que Márquez había reclamado por las inspecciones y se detectó mercadería vencida a la venta, por lo que consideró que no había motivos para anular las actuaciones ni para resarcir al comerciante.
En cuanto a la emergencia ígnea de 2025, la Comisión denunció una falta reiterada de documentación integrada, respuestas parciales y ausencia de expedientes claros que permitan reconstruir el manejo administrativo de la evaluación de daños, asignación de subsidios y destino de los fondos públicos.
Se registraron múltiples pedidos de informes al intendente Contreras sin respuestas oportunas ni completas, y se evidenció un incumplimiento persistente del deber de informar y permitir el control del Concejo sobre aspectos sensibles como la disposición de recursos y la asistencia a damnificados.
El dictamen concluye que estas irregularidades podrían constituir "posibles transgresiones graves a los deberes institucionales y funcionales del cargo", afectando la legalidad administrativa, transparencia y rendición de cuentas.
El informe fue firmado por los concejales Anuar Fernández, Lidia Barría y Mara Sánchez, mientras que la edil Angélica Caprano expresó su disidencia. El documento fue elevado para que el Concejo Deliberante se pronuncie y para que el intendente Contreras realice su descargo en la sesión especial prevista para el miércoles 29.