La tensión política en esta localidad cordillerana ha alcanzado su punto máximo tras la difusión del dictamen emitido por la Comisión Investigadora del Honorable Concejo Deliberante (HCD). El documento, fechado el 13 de abril de 2026, pone bajo la lupa la administración del Intendente José Contreras, señalando una serie de acciones que podrían comprometer seriamente su gestión institucional.
Los puntos más críticos del dictamen
La investigación se centró en varios ejes que reflejan, según el dictamen de mayoría, una gestión marcada por la falta de apego a las normas administrativas y la transparencia.
Acuerdo "Márquez": El foco de la polémica. Uno de los hallazgos más graves involucra un acuerdo extrajudicial con un particular, Lautaro Márquez. El Ejecutivo habría dispuesto el pago de $4.200.000, la anulación de multas y exenciones impositivas, además de una orden de no realizar inspecciones bromatológicas por dos años, a pesar de informes técnicos que advertían sobre condiciones sanitarias deficientes.
Irregularidades en la Emergencia Ígnea 2025: La Comisión denunció la falta de rendiciones claras sobre los recursos recibidos durante la emergencia de incendios. Específicamente, se menciona una donación de $31.000.000 por parte de Lotería del Chubut cuyo destino y documentación respaldatoria no han sido presentados satisfactoriamente.
Habilitaciones bajo sospecha: Se investiga el otorgamiento de habilitaciones provisorias para el "Centro de Visitantes" a favor de la Asociación Civil Antú Quillén, que según los concejales, violarían los términos del convenio de obra original.
Un muro de silencio oficial
El dictamen destaca lo que define como un "cuadro sistemático de incumplimiento" ante los pedidos de informes. Desde el estado del parque automotor hasta la rendición de cuentas de eventos como la Liga Municipal de Futsal y el Encuentro del Artesano, las solicitudes del cuerpo legislativo han quedado, en gran medida, sin respuesta.
Próximos pasos
La Comisión ha recomendado elevar los antecedentes vinculados a ciertos acuerdos económicos a la Oficina Anticorrupción, al considerar que existen elementos suficientes para investigar una posible afectación al patrimonio público.
Mientras la comunidad de Epuyén espera respuestas claras, el clima en el edificio municipal es de total incertidumbre. El procedimiento de juzgamiento institucional continúa su curso, y el futuro político de Contreras parece depender ahora de su capacidad para justificar una gestión que, por el momento, está rodeada de sombras.