En septiembre de 2025, el Ministerio de Seguridad incorporó a integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo. Este grupo estuvo involucrado en la usurpación de tierras en Villa Mascardi hasta octubre de 2022, un hecho que generó un fuerte impacto en la región cercana a Bariloche.
La inclusión en este registro afecta a varios miembros de la comunidad, quienes enfrentan consecuencias significativas como la imposibilidad de cobrar Asignaciones Familiares, dificultades para utilizar cuentas bancarias y billeteras virtuales, y limitaciones para recibir beneficios por discapacidad, como en el caso del hijo de uno de los afectados.
Por este motivo, los abogados que representan a Lafken Winkul Mapu anunciaron que realizarán una declaración pública para denunciar lo que califican como una “persecución” contra las comunidades mapuches. Según sus defensores, “se inició una persecución supremacista y absolutamente criminal contra las comunidades mapuche bajo la sospecha de ser ‘terroristas’”.
Este registro ya incluía previamente a otras agrupaciones de la región, como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), liderada por Facundo Jones Huala, quien permanece detenido y también figura en la lista oficial.
Los miembros recientemente incorporados a la lista formaron parte del grupo que entre 2017 y 2022 tomó posesión ilegal de terrenos públicos y privados en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Algunos están prófugos y otros fueron condenados por la Justicia Federal por delitos de usurpación de tierras estatales y particulares.
Uno de los integrantes más conocidos es Matías Santana, apodado “el mapuche de los binoculares” debido a su controvertido testimonio durante la desaparición de Santiago Maldonado, en el que afirmó haber visto con sus binoculares cómo Gendarmería trasladaba al activista. Este apodo incluso está registrado oficialmente.
Además de Santana, también aparecen en el registro Luciana Jaramillo, Joana Colhuan, Jessica Bonefoi y María Nahuel, todos miembros de la misma comunidad.
En mayo de 2025, el Tribunal Oral Federal de General Roca dictó condenas en suspenso a varios integrantes de Lafken Winkul Mapu por usurpación mediante despojo. El conflicto comenzó en noviembre de 2017, cuando la comunidad ingresó a dos terrenos de Parques Nacionales y luego extendió su ocupación a otras propiedades estatales y privadas en la zona turística.
La comunidad argumentaba una preexistencia ancestral en esas tierras, aunque tales afirmaciones nunca lograron ser probadas documentalmente. Durante su permanencia, que finalizó en octubre de 2022, se registraron actos de vandalismo contra propiedades y agresiones a turistas y conductores.
En la denuncia pública prevista para este viernes, los representantes de Lafken Winkul Mapu señalarán que la inclusión en el registro antiterrorista provocó el cierre y cancelación de cuentas bancarias, la inaccesibilidad a billeteras virtuales y la imposibilidad de cobrar asignaciones universales para sus hijos.
Sus abogados enfatizan que esta situación representa “una de las más graves persecuciones que se haya vivido contra las comunidades de pueblos originarios, que prácticamente no registra antecedentes en este período democrático”.