La aprobación del decreto nacional 787, que elimina la obligación de las escuelas privadas de informar y justificar los aumentos de cuotas ante el Ministerio de Educación, ha generado una fuerte preocupación entre docentes y familias en Chubut y otras regiones.
Mónica Balmaceda, secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados en Chubut, explicó que durante tres décadas una ley reguló los incrementos en las cuotas escolares, exigiendo autorización y notificaciones anticipadas. Ahora, las instituciones educativas pueden aumentar libremente, sin previo aviso, lo que representa un cambio significativo en el sistema.
“Va a tener un impacto tremendo”, advirtió Balmaceda, destacando que muchas familias ya enfrentan dificultades económicas debido a la inflación y los elevados costos educativos. En Comodoro Rivadavia, por ejemplo, las cuotas de escuelas autogestivas varían entre 500 y 800 mil pesos mensuales, con matrículas que en algunos casos alcanzan el millón de pesos. Las escuelas subvencionadas, en su mayoría religiosas, cobran entre 70 y 500 mil pesos, según el nivel y la ubicación.
La dirigente sindical alertó que la falta de previsión afectará a las familias, que no contarán con herramientas ni tiempo para organizarse ante posibles aumentos repentinos. “Si mañana una escuela decide aumentar 300 mil pesos, no hay herramienta para discutirlo ni tiempo para que las familias se organicen”, señaló, y agregó que esta situación podría provocar una deserción escolar masiva y el traslado de alumnos al sistema público.
Este éxodo estudiantil también tendría consecuencias en el empleo docente, ya que muchas instituciones privadas podrían cerrar por falta de matrícula. Balmaceda mencionó que en el Valle ya hay casos de cierres previstos para este año, aunque en Comodoro Rivadavia aún no se han registrado notificaciones formales.
Además, se ha detectado la aparición de instituciones no autorizadas que operan como guarderías o espacios recreativos, pero que en realidad imparten clases sin habilitación oficial. Estas cobran cuotas más bajas y cuentan con permisos municipales, pero no cumplen con los requisitos educativos, lo que genera preocupación por la informalidad y la precarización laboral. “Las familias los eligen porque son más accesibles, y después el Ministerio tiene que reconocerles el nivel a los chicos”, explicó Balmaceda.
También existen escuelas de gestión social que no cobran cuotas y dependen completamente del Estado. La dirigente advirtió que “hoy es 11 y los docentes todavía no cobraron sus salarios”, reflejando la compleja situación económica que afecta tanto a las instituciones privadas como a las públicas.