El debate parlamentario sobre el Presupuesto 2026 terminó siendo un triunfo político para Javier Milei, aunque dejó en evidencia que no cuenta con mayorías propias ni margen suficiente para imponer su agenda sin negociar. El presidente logró superar una votación clave en el Senado, pero solo gracias a llamados de urgencia, promesas de avales de deuda y un operativo político que reveló la centralidad persistente de los gobernadores en la política nacional.
En la primera votación para sancionar el Presupuesto por capítulos y no artículo por artículo, Milei obtuvo una ajustada victoria de 39 a 33 votos, apenas dos senadores por encima del quórum propio. Posteriormente, el proyecto fue aprobado en general con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, esta última de la senadora cordobesa Alejandra Vigo.
Lejos de la narrativa libertaria que habla de una “casta derrotada”, el proceso dejó claro que en 2026 Milei seguirá condicionado por el Congreso, las provincias y una economía real que no acompaña el optimismo de los indicadores macroeconómicos y la desaceleración inflacionaria.
El presidente descubrió que no tiene el control absoluto, sino que depende de los gobernadores y de aliados dialoguistas. “Vale mucho más la necesidad, por ejemplo, de no terminar de pelearse con el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, ni con el ex presidente Mauricio Macri, si quiere garantizarse la gobernabilidad”, analizan en su entorno. El triunfo fue agónico y provisional.
Las tres urgencias simultáneas que enfrenta el Gobierno
El Gobierno enfrenta tres desafíos simultáneos. Primero, el financiero: el próximo 9 de enero debe afrontar un vencimiento de deuda por 4.200 millones de dólares. Para cumplir, Milei necesita demostrar que su programa monetario, fiscal y cambiario es sostenible. La reciente colocación de deuda, gestionada por Luis “Toto” Caputo, logró captar solo 1.800 millones de dólares a una tasa del 9,26%, generando más dudas que certezas. El ministro anunció “otras fuentes de financiamiento”, pero en el mercado aún no aparece un salvavidas claro.
En segundo lugar, la urgencia política: reactivar la ley de Modernización Laboral, postergada hasta el 12 de febrero de 2026 a raíz del conflicto generado por el Presupuesto en Diputados y la disputa con el PRO por la designación de auditores en la Auditoría General de la Nación (AGN). Este proyecto será el próximo campo minado para el oficialismo.
Además, Milei amenazó con vetar el Presupuesto tras el recorte al Capítulo 11 en Diputados, lo que generó alarma en los gobernadores. Estos retiraron su apoyo a la Modernización Laboral hasta que se sancionara un Presupuesto sin veto, buscando asegurar sus compromisos financieros.
La tercera urgencia es social y económica: más de 19.000 pymes cerradas en dos años y 270.000 despidos empiezan a impactar en el consumo y la actividad económica. Aunque el Gobierno exhibe un crecimiento anual del 5% del PBI, sectores como la industria, el comercio y la construcción aún no reflejan un consenso social sólido. En muchos ámbitos la sensación es: “a mí no me tocó” y “no llego a fin de mes”.
En Diputados, el oficialismo sufrió una derrota significativa: se eliminó el capítulo 11 del proyecto, que buscaba derogar leyes de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Esto fue una señal de alarma que repercutió en el Senado y tensó la relación con los gobernadores.
En la Cámara alta, el Presupuesto avanzó, pero encontró resistencia especialmente en los artículos 12, 30 y 35 del capítulo 2, vinculados al financiamiento educativo, científico y técnico, la formación en escuelas técnicas y el Fondo para la Defensa. También hubo fuerte oposición al artículo 61, que recorta los giros previsionales a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación. De una deuda prevista de 2.975 millones de dólares, el Presupuesto solo garantiza 86,2 millones.
La aprobación del Presupuesto en el Senado fue posible gracias a un operativo político de emergencia. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, solicitó ayuda directa a la Casa Rosada. Desde Olivos, Javier Milei activó a Diego Santilli, Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem para persuadir a gobernadores rebeldes y revertir votos que parecían perdidos.
Santilli, ministro del Interior, se convirtió en el principal negociador político. Junto a Lule Menem y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se instalaron en el despacho de Bullrich para hacer conteos finales y negociar hasta minutos antes de la votación. Avales de deuda, obras públicas y fondos previsionales fueron la moneda de cambio.
La estrategia del oficialismo fue clara: romper la unidad del peronismo con ayuda de gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Como plan B, buscaron ganar por abstenciones.
Tras superar el Presupuesto, Milei deberá abrir una negociación más profunda con la CGT y los empresarios para avanzar con la reforma laboral. El proyecto contempla una fuerte reducción de impuestos a las ganancias para grandes empresas y la eliminación de impuestos internos en sectores como seguros, telecomunicaciones, servicios digitales, autos, embarcaciones y aeronaves.
El impacto fiscal estimado oscila entre 0,8% y 2% del PBI, equivalentes a unos 12.000 millones de dólares. Las provincias perderían alrededor de 3.800 millones de dólares en coparticipación. A esto se suman flexibilizaciones laborales como convenios por empresa, banco de horas, fragmentación de vacaciones, modificaciones en paritarias y una regulación más estricta de huelgas y asambleas, en un paquete que resulta explosivo para la CGT.
En paralelo, el oficialismo abrió otro frente: la disputa por la Auditoría General de la Nación (AGN). Martín Menem acordó con Máximo Kirchner y Sergio Massa la designación de Mónica Almada (La Libertad Avanza), Juan Carlos Forlón (PJ) y Pamela Caletti (massismo). El acuerdo tuvo el aval de Karina Milei, pero tensó la relación con el PRO.
Cristian Ritondo y Mauricio Macri manifestaron su descontento. Para intentar suavizar la situación, Santilli será el encargado de “ablandar” a Ritondo, con quien comparte una amistad de larga data desde sus tiempos de militancia junto a Ramón “Palito” Ortega, Sergio Massa y Jorge Capitanich.
El presidente también juega con una ventaja: la interna dentro del peronismo. Axel Kicillof y Juan Grabois intentan acorralar a La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner, sin romper del todo con Cristina Kirchner ni con Massa. Además, en el kirchnerismo emergen otros nombres presidenciales para 2026, como Gerardo Zamora y Sergio Uñac.
Este desorden interno le da cierto respiro a Milei, aunque no garantiza gobernabilidad plena. El Presupuesto 2026 ratificó que el presidente no tiene la “vaca atada”: cada ley se negocia voto a voto, cada artículo demanda concesiones y cada victoria es ajustada. La épica libertaria choca con la aritmética parlamentaria y con una economía real que aún no logra despegar.
Así, en 2026, Milei seguirá dependiendo de los gobernadores y de su capacidad para convencerlos de que, esta vez, el ajuste también les conviene.