El Ministerio Público Fiscal de El Hoyo solicitó formalmente el sobreseimiento de Marcelo Mamolitti, exsubsecretario de Servicios Públicos de Chubut, y Mauro Palma, exjefe de la Delegación Noroeste de la Dirección General de Servicios Públicos, en una causa que investigaba presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. La petición fue presentada ante la jueza Silvana Vélez por el fiscal Nicolás Vasiliev.
La investigación se inició en 2023 luego de una denuncia del secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, y del entonces fiscal de Estado Andrés Giacomone, hoy ministro del Superior Tribunal de Justicia. La acusación apuntaba a que ambos exfuncionarios habrían obtenido beneficios personales entre 2015 y 2024 por su vinculación con las empresas Net42 e Ingenio, que mantenían contratos con Servicios Públicos.
En el escrito dirigido a la jueza, el fiscal Vasiliev explicó que no se encontraron elementos probatorios que sostengan la imputación. Por ello, solicitó el sobreseimiento de ambos imputados, al considerar que los hechos investigados no encuadran en una figura legal que justifique la apertura a juicio.
Entre los aspectos analizados, se evaluó la relación entre Transacue SA —empresa en la que la Provincia posee el 30% de las acciones y que se dedica a la generación, transporte y distribución de energía— y la firma Ingenio, representada comercialmente por Palma. El contrato entre ambas estaba vinculado a la operación y mantenimiento de la Estación Transformadora El Coihue.
Gerardo Aguilera, presidente de Transacue, declaró durante la investigación que ni Palma ni Mamolitti formaban parte del directorio en representación del Estado, por lo que no tenían injerencia en decisiones que pudieran favorecer negociaciones incompatibles.
Otro punto de la causa fue el funcionamiento de Net42 SA, empresa que supuestamente habría tendido fibra óptica utilizando postes de alumbrado público de manera irregular. La denuncia indicaba que dichos postes, propiedad de Servicios Públicos, habrían sido usados con autorización de los mismos funcionarios involucrados.
El fiscal aclaró que Palma y Mamolitti fueron socios de Net42, pero vendieron su participación a Sergio Benedetti. Según la investigación, Mamolitti, en su rol de director general de Servicios Públicos, autorizó el uso de postes eléctricos para beneficio de Benedetti. A cambio, la Dirección General recibía el uso exclusivo de fibra óptica sin costo y una entrega anual de 3.000 litros de combustible.
Respecto a si esta relación implicaba un beneficio personal oculto, Vasiliev sostuvo: “Aquí sí Mamolitti aparece como representante del Estado en su carácter de Director de Servicios Públicos, pero no se avizora cuál sería el interés particular en su beneficio”.
El fiscal concluyó que las evidencias recogidas son insuficientes para sostener la acusación y que, guiado por el criterio de objetividad que rige su función, debe respetarse la presunción de inocencia, por lo que pidió el sobreseimiento de los imputados.