En un hecho que marca un antecedente institucional poco frecuente, las autoridades del Consejo de Bienestar Policial (CoBiPol) mantuvieron una reunión formal con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para exponer de manera directa las principales problemáticas que atraviesa el personal policial en la provincia.
El encuentro permitió poner sobre la mesa una agenda que viene acumulando tensión desde hace varios años: recomposición salarial, acceso a la vivienda y apertura de paritarias específicas para la fuerza. Según trascendió, los representantes policiales plantearon con claridad la pérdida sostenida del poder adquisitivo frente a la inflación, el encarecimiento del alquiler en varias ciudades y la falta de políticas habitacionales destinadas al personal uniformado.
Salarios en un contexto de ajuste
La cuestión salarial aparece como el eje central del reclamo. En los últimos meses, los incrementos otorgados al sector quedaron por debajo de la suba del costo de vida, especialmente en localidades cordilleranas y petroleras donde el mercado inmobiliario y los servicios básicos presentan valores muy superiores al promedio nacional.
A esto se suma la situación fiscal de la provincia. El propio Gobierno ha señalado en reiteradas oportunidades que la masa salarial absorbe un porcentaje muy alto de los ingresos corrientes, lo que limita el margen para otorgar aumentos significativos. Sin embargo, desde el sector policial sostienen que el servicio que prestan —con turnos rotativos, guardias extendidas y alta exposición al riesgo— requiere una actualización acorde a la responsabilidad que implica.
El problema habitacional
Otro de los puntos más sensibles es la vivienda. En ciudades como Esquel, Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, muchos efectivos deben destinar una parte considerable de su salario al alquiler. En el interior provincial, la situación es aún más compleja: hay destinos donde directamente no existen alternativas habitacionales disponibles o las condiciones edilicias son precarias.
Desde el CoBiPol solicitaron programas específicos de acceso a lotes, construcción de viviendas o líneas de crédito diferenciadas, entendiendo que la estabilidad habitacional impacta directamente en el desempeño laboral y en la permanencia del personal en determinadas localidades.
Paritarias y reconocimiento institucional
En la reunión también se abordó la necesidad de consolidar un ámbito formal y periódico de negociación. Si bien la Policía no cuenta con sindicato en los términos tradicionales, el Consejo de Bienestar Policial funciona como órgano representativo y viene reclamando mayor institucionalización del diálogo.
El Gobierno confirmó la convocatoria a una mesa de trabajo para la próxima semana, donde se analizarán escalas salariales, adicionales y condiciones laborales. La expectativa está puesta en que esa instancia permita avanzar en acuerdos concretos y no quede sólo en una reunión protocolar.
Un escenario que excede a la Policía
El reclamo policial se inscribe en un contexto más amplio de tensión salarial en el sector público provincial. Docentes, trabajadores de la salud y empleados estatales vienen manifestando dificultades similares, en un escenario marcado por caída de ingresos reales, menor coparticipación y retracción de la actividad económica.
En ese marco, la reunión entre la Policía y el Ejecutivo no sólo representa un hecho institucional inédito, sino también una señal de que las demandas salariales y habitacionales atraviesan transversalmente al empleo público en Chubut.
El desafío ahora será traducir el diálogo en medidas concretas. Para los más de cinco mil efectivos que integran la fuerza, el reclamo no es nuevo; lo que sí podría marcar una diferencia es la respuesta que surja en las próximas semanas.