Según La Nación, una acusación civil presentada en Estados Unidos señala que la firma Red Chamber Co. —una empresa con actividades en la industria pesquera— asegura que el funcionario provincial Andrés Meiszner le habría exigido un pago de US$ 6,5 millones para permitir continuar con operaciones en el predio de la ex-empresa Alpesca, en la provincia de Chubut.
En la nota se menciona que la demanda civil fue presentada en una corte de Estados Unidos, y en ella la empresa alega que —luego de que la provincia diera de baja un convenio pesquero por incumplimientos— se le pidió el pago de sobornos para levantar restricciones y permitir el desarrollo del proyecto industrial.
Según La Nación, la reunión clave se habría realizado el 3 de abril de 2025 en un hotel de Buenos Aires, donde los representantes de la empresa le habrían planteado al entonces ministro de Economía (y luego Fiscal de Estado) Meiszner un primer pago de US$ 3 millones y luego otro de US$ 3,5 millones, para alcanzar el total de US$ 6,5 millones reclamado.
La compañía Red Chamber Argentina había operado desde 2015 en las instalaciones de Alpesca, desde donde procesaba langostino, merluza y calamar, hasta que la provincia intimó a dejar el predio, por lo que el conflicto escaló hasta una demanda internacional.
Según indicó La Nación, la provincia de Chubut responde que no existe en el país “ninguna causa, expediente o requerimiento fiscal” en su contra ni contra ningún funcionario por este asunto, y que el reclamo presentado en EE.UU. “no refiere a la provincia ni a sus funcionarios” desde el ámbito local.
El mismo diario publica que, tras la presentación de la demanda y las acusaciones por corrupción, la empresa y la provincia acordaron un nuevo convenio en el cual Red Chamber se comprometería a instalarse en el parque industrial de Trelew con una inversión anunciada de US$ 70 millones, desplazándose unos 65 km desde Puerto Madryn, con el fin de cerrar el conflicto.
El escándalo —que ya fue bautizado por La Nación como “el affaire del langostino” por la propia publicación— pone en evidencia tanto el conflicto de la empresa con el Estado provincial como una acusación pública de sobornos millonarios que hasta ahora no tiene correlato judicial en Argentina.