Una operación conjunta de la Dirección General Impositiva (ARCA-DGI) y la Gendarmería Nacional ha resultado en la detención de Natalia Romina Foresio, contadora pública de La Plata de 48 años, quien es acusada de encabezar una red criminal que habría emitido facturas falsas por más de 4 mil millones de pesos. Según la investigación iniciada en mayo del año pasado tras una denuncia, la organización operaba desde hace aproximadamente cuatro años y contaba con la participación de más de 100 empresas vinculadas, principalmente del sector de la construcción.
Las autoridades sostienen que la contadora y sus colaboradores habrían generado una doble facturación—combinando facturas reales con documentos falsificados—para inflar gastos y créditos fiscales, lo que tendría un impacto directo en tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias, produciendo una evasión fiscal de gran escala. El operativo, que incluyó allanamientos en La Plata y la Ciudad de Buenos Aires, permitió incautar documentación contable, archivos digitales y sumas considerables en diversas monedas, entre ellas pesos, dólares, euros, reales y libras esterlinas.
Un aspecto resaltante de la investigación es su extensión territorial. Las indagaciones han evidenciado que la red fraudulenta tenía presencia en varias regiones del país, operando en ciudades como Mar del Plata, Trelew, Rawson, Córdoba y Esquel. En particular, en Esquel se han identificado vínculos con empresarios dedicados a la obra pública, quienes presuntamente se habrían beneficiado del esquema para influir en el costo de licitaciones y, de este modo, defraudar a la administración estatal.
Las autoridades han enfatizado que, además de la detención de Foresio, se prevé citar a indagatoria a titulares y directivos de grupos empresariales implicados en la trama. El caso, que pone en evidencia el alcance y la sofisticación de las maniobras de evasión fiscal, podría tener importantes repercusiones en el control de los procesos licitatorios y en el combate contra el lavado de activos en diversas jurisdicciones, incluida la región de Esquel.
Mientras avanza la investigación, se espera que nuevos operativos aclaren el grado de participación de otros integrantes en la organización delictiva. Este suceso se suma a otros casos recientes que han puesto en jaque la transparencia y el correcto funcionamiento del sistema fiscal y de licitaciones públicas en Argentina, lo que ha generado preocupación tanto en el ámbito gubernamental como entre los actores económicos regionales.
Con la investigación en curso, las autoridades mantienen vigilada la participación de diversos sectores empresariales. Especialmente en la provincia del Chubut y en la ciudad de Esquel, la atención se centra en descartar la complicidad de otros operadores que hayan podido entrenar o beneficiarse del entramado fraudulento. Las próximas declaraciones y futuras diligencias determinarán el alcance total de esta red y las responsabilidades que, en su caso, recaigan sobre cada uno de los implicados.
En el contexto de un panorama de creciente fiscalización y combate a la evasión, este operativo evidencia la importancia de reforzar los mecanismos de control y de colaboración interinstitucional para evitar que esquemas delictivos afecten la economía y la integridad de la administración pública a nivel nacional, con especial relevancia en localidades estratégicas como Esquel.