El cobre se posiciona como el mineral con mayor potencial en Argentina en términos de inversión, producción, empleo y generación de divisas, superando a otros recursos como el oro, litio, uranio y tierras raras. Este metal, tercer más comercializado mundialmente después del hierro y el aluminio, representa el 75% de las inversiones comprometidas bajo el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), con proyectos que suman cerca de USD 30.000 millones en desarrollo.
La mayoría de estos emprendimientos cupríferos se localizan en la provincia de San Juan, en la cordillera andina, y su progreso está condicionado por la interpretación y aplicación de la Ley de Glaciares sancionada en 2010. Esta legislación presenta definiciones técnicas imprecisas que generan incertidumbre y riesgos legales, capaces de paralizar obras y operaciones que implican inversiones millonarias.
El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley, buscando “devolver el federalismo a las provincias”. Según señaló, la iniciativa original de una “Ley de Periglaciares” fue propuesta por el gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Milei afirmó: “Qué mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar y de una vez por todas nos pongamos a aprovechar las riquezas naturales que nos han sido ofrecidas”.
Expertos internacionales destacan la importancia estratégica de los proyectos argentinos. Gracelin Baskaran, del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS) de Washington, subrayó el rol global que podría tener el país. Un estudio de Benchmark Mineral Intelligence identificó que cuatro de los doce mayores proyectos cupríferos greenfield en el mundo se encuentran en Argentina, con una producción potencial de 1,2 millones de toneladas de cobre hacia mediados de la próxima década, fundamental para la transición energética y la infraestructura de inteligencia artificial.
Además, Benchmark reveló que el 82% de las reservas físicas de cobre en la London Metal Exchange pertenecen a China, y el 14% a Rusia. El aumento reciente en el precio del cobre se atribuye a factores como la inclusión del metal en la lista de “minerales críticos” por parte de Donald Trump y las políticas de China para controlar su producción y refinación. Asimismo, interrupciones en minas clave de Indonesia, Congo y Chile han alterado el suministro mundial para 2025 y 2026.
En Argentina, ninguno de los proyectos cupríferos está aún operativo, pero la sanción del RIGI y la llegada de inversiones, como el acuerdo entre BHP y Lundin en el “Distrito Vicuña” de San Juan, aceleraron su avance. La provincia escaló en atractivo para la inversión minera, pasando del puesto 34 al 11 entre 82 jurisdicciones mundiales según el Instituto Fraser de Canadá.
Benchmark anticipa un déficit global de 8 millones de toneladas de cobre para 2035. Aunque Argentina solo podrá cubrir una parte de esta demanda, su ingreso al mercado será en un momento de alta necesidad.
El debate sobre la Ley de Glaciares persiste como el principal obstáculo para el desarrollo minero. En 2019, la Corte Suprema instó a un “acuerdo federal” entre Nación y provincias para clarificar su aplicación. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) propone otorgar a los gobiernos provinciales la potestad para definir las áreas donde se pueda realizar minería o extracción de hidrocarburos. En esa línea, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, solicitó en diálogo con funcionarios nacionales una solución mediante decreto reglamentario o una nueva ley que establezca claramente a las provincias como autoridad de aplicación.
Mario Capello, especialista ambiental y minero, afirmó que una nueva ley podría demorar las definiciones y complicar el proceso, mientras que una reglamentación precisa de los artículos 1 y 6 de la Ley de Glaciares, que actualmente carecen de regulación técnica, sería una solución más efectiva. Explicó que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) debe inventariar glaciares y permafrost, tarea compleja que requiere años de observación y análisis científico.
Capello recordó que en 2012 destacados glaciólogos presentaron ante el Senado datos fundamentales sobre ambientes glaciares y periglaciares, pero sin la asistencia de legisladores. El experto detalló que la reglamentación pendiente debe definir científicamente qué zonas son periglaciares y establecer parámetros sobre la “significancia hídrica”, considerando el aporte de lluvias, nieve, glaciares y permafrost a las cuencas hidrográficas.
En América Latina, Chile y Argentina concentran más del 95% del área glaciar con 21.000 km2 y 5.800 km2 respectivamente. Mientras Chile exporta alrededor de USD 50.000 millones anuales de cobre, Argentina aún no genera ingresos significativos por este mineral.
Javier Robeto, de Aldebaran Resources, con proyectos en San Juan, señaló que la Ley de Glaciares impacta múltiples actividades humanas, incluyendo pasos fronterizos y turismo, y que falta claridad sobre qué zonas deben protegerse. Coincide con el gobernador Orrego en que un decreto reglamentario bien fundamentado podría resolver la incertidumbre, aunque reconoció que el gobierno nacional optó por llevar el debate al Congreso para modificar la ley y aclarar el concepto de ambiente periglaciar.
Capello resaltó la necesidad de involucrar a expertos como el geofísico Silvio Pastore, con experiencia internacional en glaciología y permafrost, para fundamentar técnicamente la reglamentación. También advirtió que las provincias deberían haber cuestionado la constitucionalidad de los artículos 1 y 6, ya que restringen actividades sobre recursos provinciales sin establecer solo “presupuestos mínimos” ambientales, sino máximos.
Con los proyectos de cobre en un estado de incertidumbre, la discusión sobre una reforma o reglamentación clara y técnica de la Ley de Glaciares se vuelve urgente para aprovechar el potencial estratégico y económico que el metal rojo representa para Argentina.