Un informe privado reveló que desde 2023 las jubilaciones en Argentina sufrieron un fuerte deterioro en su poder adquisitivo, acumulando una pérdida de 7,3 millones de pesos debido al semicongelamiento implementado por el Gobierno. Esta situación ha llevado a que muchos adultos mayores se endeuden para afrontar sus gastos cotidianos, con un 11,4% presentando irregularidades en sus pagos en mayo de 2026, triplicando la cifra registrada un año antes.
El presidente Javier Milei aplicó recortes en el gasto social que afectaron de manera significativa a los jubilados, quienes perdieron un 23% de poder adquisitivo respecto a 2023. En particular, quienes cobran la jubilación mínima sufrieron una caída del 30%, lo que equivale a perder el valor de 8,4 haberes mínimos de 2023, según el informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).
Actualmente, el 63% de los jubilados percibe la mínima de $420.000, que incluye un bono de $70.000 congelado hace más de dos años y medio, un monto insuficiente para cubrir los umbrales de pobreza. Además, el deterioro en las prestaciones del PAMI y los ajustes en medicamentos generan una situación de vulnerabilidad extrema para este grupo poblacional.
El bono previsional, que se mantiene sin aumentos desde marzo de 2024, debería haber alcanzado $209.991 en junio de 2026 si se hubiera ajustado según la fórmula jubilatoria. Esto representa una pérdida de $2.225.714 por jubilado entre abril de 2024 y junio de 2026, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En el país, más de 6 millones de personas cobran jubilación, y casi 5 millones reciben atención del PAMI.
Este escenario es resultado de un modelo económico que prioriza el ajuste fiscal, donde las jubilaciones, junto con la obra pública y otros programas sociales, enfrentan los mayores recortes presupuestarios. Además, con el cambio de gobierno se eliminó el reintegro del IVA para jubilados con ingresos de hasta tres haberes mínimos —que representan el 86% de los beneficiarios— afectando a 5,2 millones de personas, según CEPA.
El régimen de movilidad jubilatoria aprobado por decreto prevé un aumento del 2,1% en septiembre de 2026, alineado con la inflación de julio. Así, la jubilación mínima pasará a $428.590, que sumado al bono congelado de $70.000, totalizaría un ingreso de aproximadamente $498.590 para quienes cobran el haber mínimo.
Endeudamiento creciente. La caída en el poder adquisitivo ha llevado a que los jubilados recurran a diversas fuentes para cubrir sus gastos. Desde el último trimestre de 2022, ha aumentado el uso de ahorros (35%), préstamos bancarios (14,4%), ayuda familiar (14%), venta de bienes personales (10,4%) y donaciones tanto de conocidos (9%) como de instituciones (7,8%).
El Índice de Precios al Consumidor no refleja completamente el impacto en los jubilados, ya que no pondera adecuadamente bienes y servicios esenciales para ellos, como medicamentos, atención médica, alimentos y servicios básicos, cuyos precios subieron por encima del promedio general.
Canasta básica y gastos. La canasta mínima para un adulto mayor superó los $1.800.000 en marzo de 2026, con un incremento del 20,51% respecto al período anterior, según datos de la Defensoría de la Tercera Edad. El ingreso mínimo cubre apenas una cuarta parte de esta canasta. Los gastos más elevados corresponden a medicamentos ($503.600), alimentación ($410.640), vivienda ($360.150) y servicios ($151.350).
Nuevos trabajadores mayores. En el primer trimestre de 2026, el 12,6% de las personas mayores de 66 años integran el denominado “desempleo blue”, la cifra más alta desde 2017. Este grupo incluye a quienes buscan empleo, trabajaron pocas horas o realizan actividades informales sin protección laboral.
Los jubilados que trabajan en condiciones precarias alcanzaron un 7,7% en el mismo período, cerca de 42.000 personas, más del doble que el año anterior. Más de 22.000 adultos mayores realizaron alguna “changa” en el último año mientras siguen buscando empleo formal.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un plan para incentivar el crédito hipotecario mediante el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Este mecanismo permitirá a los bancos acceder a fondos por subasta para préstamos destinados a la compra de viviendas, con un monto total disponible de $2 billones (equivalente a US$ 1.500 millones).
Caputo explicó que el bajo volumen de créditos hipotecarios se debe a la dificultad de los bancos para financiar préstamos a largo plazo con depósitos a corto plazo. El esquema busca movilizar recursos del FGS para estimular un sector clave de la economía mediante tasas mínimas de UVA + 2,5% para plazos de un año y UVA + 4,5% para cinco años.