El próximo martes 8 de noviembre culminará el período de las “facultades delegadas” que el Congreso de la Nación otorgó al gobierno por un año a través de la “Ley Bases”. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, afirmó que estas facultades solo representan el 5% de las acciones que su cartera puede implementar para mejorar y simplificar las regulaciones que afectan tanto al sector privado como al funcionamiento del Estado.
Según fuentes cercanas, el gobierno tiene previsto presentar una última serie de iniciativas este lunes o martes, en colaboración con la Secretaría Legal y Técnica, bajo la dirección de María Ibarzábal Murphy. Manuel Adorni, vocero presidencial, se encargará de informar sobre estos nuevos proyectos.
Una parte significativa de las propuestas ya es conocida, aunque han sido retrasadas. Estas iniciativas implican cambios en la gestión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Estos organismos, actualmente considerados “descentralizados” dentro del Ministerio de Economía, podrían transferirse a las Secretarías de Agricultura e Industria, lo que resultaría en recortes de presupuesto y la posible pérdida de empleos, así como la venta de activos en diversas ubicaciones del país.
El gobierno busca reestructurar la dirección del INTA y disminuir la influencia de entidades rurales, con Sturzenegger indicando que “tiene 6.000 personas y 3.000 vehículos y no se sabe muy bien qué es lo que hacen”. En cuanto al INTI, su función sería redefinida como una “unidad organizativa”. Sturzenegger argumentó que “el kirchnerismo hizo crecer tanto al Estado”, generando organismos descentralizados que pueden cobrar, lo que ha derivado en una creación innecesaria de trámites. Su propuesta es regresar estos organismos a la administración central.
Además, el gobierno está considerando la fusión de los reguladores de Electricidad (ENRE) y Gas (Enargas), formando un nuevo ente denominado Ente Nacional Regulador de Gas y Electricidad. Esto estaría bajo la supervisión de la Secretaría de Energía, que lidera Luis Caputo.
Una de las reformas más significativas incluye la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y el desmantelamiento de varias comisiones reguladoras relacionadas con el transporte, que serían absorbidas por otras estructuras de la Secretaría de Transporte o por Gendarmería para el control del tránsito a nivel nacional. Esta transformación busca reorganizar Vialidad, modificar su presupuesto y crear una Agencia de Control de Concesiones de Transporte.
En sus recientes declaraciones, Sturzenegger destacó que el gobierno logró un ahorro de funcionamiento del Estado que asciende a USD 2.000 millones en un año y medio, afirmando que esos recursos “volvieron a la gente”. También expresó su cuestionamiento hacia la regulación del mercado de GLP, planteando que “la idea de que uno puede regular un mercado y digitarlo termina siempre en catástrofe”.
Respecto a la finalización de las facultades delegadas, Sturzenegger resaltó que no se trató de un poder entregado a título personal, sino a todo el Ejecutivo, y enfatizó su objetivo de “reducir el tamaño del Estado, eliminar estructuras redundantes y mejorar la eficiencia del aparato público”.
Finalmente, aunque el período de facultades delegadas se extinguirá, Sturzenegger subrayó que la agenda desreguladora continuará. Aseguró que estas “facultades representaban apenas un 5% de lo que hacemos”, y que proseguirán con decretos y normativas vigentes, resaltando la importancia de simplificar el Estado para liberar a la sociedad y a la economía.