La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut (AMFJCH) expresó su rechazo ante el dictamen fiscal emitido por Lucas Papini, Lucas Kolstch e Ivana Berazategui, que desestimó la denuncia penal presentada contra los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) por supuestas medidas adoptadas en beneficio propio.
En un comunicado, la AMFJCH adelantó que empleará "los recursos procesales que le confiere la ley, recurriendo, si fuese necesario, a las instancias internacionales" para insistir con la denuncia, al considerar que el fallo fiscal fue producto de "arbitrariedad e ilegalidad".
La entidad también denunció que el Ministerio Público Fiscal (MPF) no notificó a la institución sobre la composición del equipo fiscal responsable del dictamen, lo que les impidió ejercer su derecho a recusación. En particular, cuestionaron la participación del doctor Lucas Papini, quien según la AMFJCH, "debió excusarse en razón de mantener amistad, pública y notoria, con el Dr. Andrés Giacomone", ministro del STJ implicado en la causa.
Además, resaltaron que Papini fue objeto de controversias previas por su designación como fiscal, debido a que no cumplía con los años de matrícula requeridos para el cargo, aunque finalmente pudo revertir dicha decisión. En una audiencia ante el Consejo de la Magistratura, el propio Papini afirmó que se apartaría de la investigación si se encontrara en una situación como la denunciada.
La AMFJCH criticó la rapidez con que se tramitó la denuncia, en comparación con otros casos, y la falta de una investigación profunda, lo que a su juicio vulnera el principio constitucional de objetividad que debe regir al Ministerio Público Fiscal.
Respecto al contenido del dictamen, la Asociación señaló un "grosero desconocimiento del derecho" al sostener que continúan vigentes acordadas dictadas antes de la sanción de leyes provinciales fundamentales como las de Porcentualidad, Libre Acceso a las Fuentes de Información y Orgánica de la Magistratura, solo porque no han sido reglamentadas. Esta interpretación, consideraron, desconoce la operatividad y supremacía de dichas leyes sancionadas por la Legislatura.
También rechazaron la justificación dada para los sobresueldos de los ministros, que se habrían abonado con partidas de "Fondos Reservados", ya que implicaría aceptar el uso de dinero público sin controles y sin verificar si el presupuesto del Poder Judicial para 2025 alcanza para cubrir esos pagos durante varios meses.
La entidad advirtió que el problema no solo radica en el abuso de poder de la máxima magistratura provincial, sino en el encubrimiento de estas acciones ilegales por parte de los fiscales que desestimaron la denuncia. Según la AMFJCH, este accionar legitima prácticas como la autoasignación de adicionales salariales de hasta un 60%, pasajes aéreos, viáticos diferenciados, uso de vehículos de alta gama, tarjetas bancarias corporativas, designación de familiares y amigos en cargos sin concurso y ocultamiento de información pública.
En sus conclusiones, la Asociación remarcó que "sin independencia judicial no hay justicia" y que "la impunidad del poder repugna a toda la ciudadanía", en referencia al dictamen fiscal cuestionado que desestima irregularidades en el STJ.