En las últimas dos décadas, sólo 293 pozos fueron abandonados correctamente en el área de Campamento Central, ubicada dentro del ejido urbano de Comodoro Rivadavia, según un relevamiento efectuado por la Municipalidad hasta finales de 2024. Este dato aporta un nuevo ángulo al debate político y ambiental que se desató por la cláusula de indemnidad incluida en el acuerdo aprobado por la Legislatura provincial con YPF, por un monto de 25 millones de dólares.
El conflicto surgió cuando la oposición cuestionó que el convenio liberara a YPF de responsabilidades ambientales, mientras el oficialismo aseguró que la obligación de remediar los daños recaerá en los nuevos operadores. Sin embargo, la realidad local es compleja. Comodoro Rivadavia convive desde hace más de un siglo con miles de perforaciones petroleras, muchas de ellas distribuidas dentro de la ciudad, generando un pasivo ambiental que incluye suelos contaminados, instalaciones obsoletas y pozos que requieren un abandono seguro.
El estudio municipal identificó aproximadamente 1.700 pozos inactivos dentro del ejido urbano, pero aclaró que esa categoría no implica que estén abandonados. Técnicamente, un pozo abandonado está sellado conforme a la normativa nacional, mientras que uno inactivo permanece abierto y puede presentar riesgos por posibles surgencias de gas o petróleo. Además, existen más de 150 pozos cuya ubicación exacta aún no fue determinada, debido a diferencias en los sistemas de coordenadas históricos y actuales, algunos incluso bajo viviendas.
Como nueva operadora en Campamento Central, la empresa PECOM debe determinar cuáles pozos pueden volver a producirse y cuáles requieren trabajos de abandono según los protocolos vigentes de seguridad. La Subsecretaría de Ambiente local señaló que los pozos inactivos están en una “zona gris”, ya que formaron parte del valor de la compañía en la transferencia por su potencial productivo.
En total, se estima que existen alrededor de 4.000 pozos entre activos, inactivos y abandonados en la ciudad, que representan un riesgo ambiental si no se gestionan adecuadamente, especialmente aquellos abandonados con técnicas anteriores a 1996, año desde el cual se aplican normativas más estrictas.
El acuerdo con YPF establece que en caso de detectarse daños vinculados a pasivos ambientales preexistentes, la Provincia renuncia a reclamar a YPF, trasladando la responsabilidad de remediación a los nuevos operadores. No obstante, la responsabilidad estatal nacional persiste para instalaciones anteriores a 1991, año en que YPF se transformó en sociedad anónima.
Los registros oficiales muestran que en enero de 2005 había 1.695 pozos abandonados en Campamento Central, cifra que ascendió a 1.988 en enero de 2025. Esto implica que en dos décadas se sellaron sólo 293 pozos bajo normas de seguridad vigentes. Un período destacado fue entre 2013 y 2018, cuando, tras la prórroga de la concesión a YPF, el número de pozos abandonados aumentó en 113, con fondos destinados a obras ambientales por alrededor de 20 millones de dólares.
Durante el debate legislativo, el vicegobernador Gustavo Menna destacó este antecedente para comparar con los 25 millones de dólares del nuevo acuerdo, aunque el exministro de Hidrocarburos Ezequiel Cufré señaló que el convenio previo no otorgó un “finiquito” sobre responsabilidades ambientales como el actual.
El intendente Othar Macharashvili recordó que el programa 2013-2018 también financió la remediación de terrenos, como los antiguos talleres de Kilómetro 5, que luego se destinaron a emprendimientos urbanos. Por otro lado, el oficialismo recordó que en 2017, cuando Sinopec dejó el área Bella Vista Oeste sin auditoría ambiental ni compensación económica, la discusión ambiental era mucho menos prioritaria en la agenda pública.
El costo estimado para el abandono de cada pozo ronda los 200.000 dólares, por lo que los 25 millones acordados equivaldrían al sellado de aproximadamente 125 perforaciones. Con la salida definitiva de YPF, el pasivo ambiental dejó de ser un tema meramente técnico para convertirse en un eje central de la discusión política provincial.
Más allá de los debates jurídicos y políticos, Comodoro Rivadavia seguirá enfrentando el desafío de gestionar miles de pozos activos, inactivos y abandonados que requieren monitoreo constante, mantenimiento y futuras tareas de remediación. Esta realidad invita a que la atención pública y política sobre el pasivo ambiental se mantenga en el tiempo, más allá de la controversia actual.