El Gobierno nacional, a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, está por presentar un proyecto de ley que propone una profunda reforma del corretaje inmobiliario en Argentina. El borrador, previsto para ingresar al Congreso en junio, busca eliminar la obligatoriedad de la matrícula y el título universitario para ejercer como corredor, además de flexibilizar los honorarios y permitir la actividad interjurisdiccional.
Entre los puntos centrales de la iniciativa se encuentran la prohibición de establecer honorarios con mínimos o topes máximos, dejando los montos sujetos al libre acuerdo entre las partes. También se habilita el corretaje simultáneo con otras profesiones o actividades lícitas, y se elimina cualquier restricción que genere barreras de entrada o distorsione el mercado. Asimismo, se autoriza expresamente el uso de plataformas digitales, portales web y aplicaciones móviles para la intermediación inmobiliaria.
Para ejercer como corredor, solo se exigiría ser mayor de edad y no estar inhabilitado, suprimiendo el requisito del título universitario. Además, tanto personas humanas como jurídicas podrían operar en este rubro. La propuesta apunta a abrir el mercado y reducir costos para los consumidores, siguiendo la lógica de desregulación que impulsa el Gobierno en otros sectores económicos.
Esta iniciativa ha generado un fuerte debate entre distintos actores del sector. La Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), cuyo presidente Mariano García Malbrán expresó que "el sistema actual limita la competencia porque impide que personas formadas comercialmente puedan prestar servicios inmobiliarios si no pertenecen al esquema colegiado tradicional", respalda la apertura total y cuestiona la matrícula como una "barrera artificial de entrada".
Por su parte, los colegios inmobiliarios, representados por Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci), advierten que la regulación profesional es una potestad provincial y que la Nación carece de sustento jurídico para avanzar en esa materia. Liotto destacó que "el corretaje inmobiliario no es una simple actividad comercial. Es una profesión que requiere formación técnica, capacitación permanente y responsabilidad jurídica".
Los colegios temen que eliminar la matrícula obligatoria permita la entrada de operadores sin preparación ni respaldo profesional, lo que incrementaría riesgos para compradores, vendedores e inquilinos. Según Liotto, "el principal problema no recaería sobre los corredores, sino sobre la sociedad. Se expondría a los consumidores a errores, fraudes y prácticas abusivas".
Otro foco de controversia es la cuestión de los honorarios. Mientras el Gobierno y sectores desreguladores sostienen que la competencia podría reducir costos, los colegios argumentan que el corretaje es un servicio profesional y que "el honorario profesional no funciona igual que el margen de ganancia de un comercio". Además, alertan que la regulación actual evita la informalidad y la aparición de intermediarios no matriculados que podrían encarecer las operaciones o generar conflictos.
En cuanto a la transformación digital, el proyecto reconoce el avance de las plataformas tecnológicas y herramientas digitales, mientras que CAMESI critica que algunos sistemas colegiados han resistido estas innovaciones. García Malbrán afirmó que "el profesionalismo no se adquiere solamente en la universidad. Hoy el mercado demanda habilidades comerciales, marketing, análisis de datos y trabajo en red".
Desde los colegios, en cambio, resaltan que son ellos quienes impulsan la capacitación continua para que los profesionales se adapten a las nuevas tecnologías. Liotto señaló que "la tecnología cambia constantemente y obliga a actualizarse" y que los colegios garantizan estándares éticos, ordenan el mercado y actúan como órganos de consulta y defensa para la sociedad.
Finalmente, el debate también incluye la preocupación por la posible reducción de controles éticos y disciplinarios. Actualmente, los colegios pueden sancionar a profesionales por incumplimientos o malas prácticas, y su eliminación dejaría a los consumidores sin mecanismos claros de reclamo. Desde el sector desregulador se proponen alternativas como seguros obligatorios de responsabilidad civil y sistemas de arbitraje de consumo para garantizar resarcimientos.
La discusión pone en evidencia dos visiones contrapuestas sobre el futuro del mercado inmobiliario argentino: una basada en la competencia, reputación digital y libertad comercial, y otra que defiende los controles profesionales para asegurar la seguridad jurídica y la transparencia en operaciones que involucran un patrimonio significativo. Como concluye Marta Liotto, "el sistema actual protege a la sociedad y garantiza estándares mínimos de profesionalismo en un mercado sensible como el inmobiliario".