El levantamiento de la barrera sanitaria que protegía a la Patagonia contra el ingreso de carne con hueso desde las zonas vacunadas del norte del país generó una fuerte tensión entre los productores patagónicos y el gobierno nacional. En la 137ª edición de la Exposición Rural de Palermo, referentes del sector manifestaron su rechazo a la decisión adoptada por el SENASA, calificándola como un atropello a dos décadas de trabajo sanitario.
La medida, establecida en julio mediante la Resolución 460/2025, habilita por primera vez la entrada de carne con hueso plano desde regiones que aplican la vacuna contra la fiebre aftosa hacia la Patagonia, una zona que mantiene la condición de libre de vacunación. Desde el gobierno se justificó esta acción con el objetivo de reducir el precio del asado en el sur del país, aunque los productores de Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz sostienen que la diferencia en los precios es mínima y que los riesgos sanitarios y comerciales son significativos.
En la apertura del evento, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), expresó su apoyo a la postura de los productores patagónicos. “Nos sacan de nuestra zona protegida”, afirmó, en referencia a las nuevas condiciones que afectan la competencia de los frigoríficos del sur. Además, subrayó que “no debemos tomar decisiones que perjudiquen el estatus sanitario de ninguna región del país”.
Pino resaltó que la Patagonia alcanzó la categoría de región libre de aftosa sin vacunación gracias a “un trabajo muy serio de sus productores” y propuso que ese modelo se replique progresivamente en otras zonas del país, en lugar de flexibilizar los controles sanitarios existentes. “Permítannos mostrar que no hay que avanzar sobre un lugar, sino copiarlo”, concluyó.
Desde la Patagonia, los dirigentes respondieron con firmeza. Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, y Osvaldo Luján, titular de la Federación de Rurales de Chubut, ratificaron la unidad del bloque regional. “Hay apoyo en nuestras provincias. Pero está claro que no somos prioridad para nadie”, lamentó uno de ellos.
El conflicto también tiene un fuerte impacto económico. Los productores denunciaron que, pese a que el precio en góndola no sufrió una baja real, los valores de la hacienda se desplomaron hasta un 30% en el caso de los terneros en Río Negro. Además, advirtieron que la pérdida del estatus sanitario podría poner en riesgo las exportaciones hacia mercados exigentes como la Unión Europea y Chile, que aún no han emitido una postura oficial respecto a la nueva normativa. “Está en juego toda la estructura comercial”, enfatizó Jamieson.
Leandro Ballerini, presidente de la Sociedad Rural de Bariloche, manifestó su decepción y señaló que “al gobierno le falta una mirada federal. Nos contestaron con una resolución sin diálogo real”. Por su parte, Pablo Castillo, de la Sociedad Rural de Río Colorado, resumió el sentir del sector: “Es una decisión política que pasa por encima de 20 años de esfuerzo sanitario”.
Mientras se aguardan definiciones judiciales sobre los recursos de amparo presentados por los ruralistas, algunas provincias, como Santa Cruz, están evaluando la implementación de controles propios para proteger su estatus sanitario. “Esto no está cerrado”, afirmaron desde el sur. Aunque el gobierno nacional considera que la discusión ha concluido, en la Patagonia aseguran que la resistencia apenas comienza.