Un operativo policial en Neuquén terminó con la detención de al menos 17 personas durante el desalojo de una protesta mapuche frente a la Gobernación provincial. Los manifestantes exigían la personería jurídica para cuatro comunidades, varias de ellas ubicadas en la zona de Vaca Muerta, que esperan este reconocimiento desde hace casi un año.
La Confederación Mapuche de Neuquén expresó su rechazo a la represión en un comunicado dirigido al gobernador Rolando Figueroa: “No usar la LEY PARA REPRIMIR, sino usar la Ley para llevar JUSTICIA a una sociedad desigual que ellos han construido”. Este mensaje refleja la tensión que se vivió durante la jornada y pone en evidencia el trasfondo del conflicto, que combina demandas de derechos, identidad y la relación entre el Estado y los pueblos originarios.
La intervención policial se llevó a cabo tras una orden del fiscal de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, quien otorgó un plazo de dos horas para que los manifestantes se retiraran voluntariamente. Al no hacerlo, la policía desplegó un operativo con la participación de 120 agentes, incluyendo la Policía Metropolitana, la motorizada, bomberos y ambulancias, además de establecer un perímetro de 200 metros para bloquear el tránsito.
El desalojo, que tuvo lugar cerca del mediodía, estuvo marcado por momentos de tensión entre las fuerzas de seguridad, los manifestantes y quienes se acercaron a apoyar el reclamo. Según datos oficiales difundidos por el gobierno a diario Río Negro, fueron trasladados 11 hombres a la Comisaría 2° y 6 mujeres a la Comisaría 17°. Sin embargo, desde la Confederación Mapuche y organizaciones acompañantes sostienen que el número de detenidos asciende a 22 personas.
El operativo dejó también algunos heridos. El comisario inspector Marcos Mazzone resultó lesionado tras ser mordido por una persona que se resistía, mientras que los manifestantes denunciaron que un niño tuvo que ser atendido en el hospital Castro Rendón.
Las comunidades que reclaman el reconocimiento legal son Newen Kura, de Rincón de los Sauces; Fvta Xayen, del paraje Tratayén en Añelo; Kelv Kura, de Portezuelo; y Ragilew Cárdenas, en Picún Leufú. Actualmente, carecen de documentación oficial que las reconozca, lo que las excluye de los relevamientos territoriales y les impide exigir la consulta previa, libre e informada sobre proyectos que afectan sus territorios.
En un comunicado emitido el jueves previo al desalojo, los referentes mapuches criticaron al gobernador Figueroa: “Dice que si entrega las personerías pierde autoridad y poder político. Que 290 días de espera paciente es poco”. El gobierno provincial se había comprometido a tramitar estos reconocimientos en un acta firmada por el ministro Jorge Tobares en septiembre del año pasado.
El sábado, la administración provincial anunció que denunciaría penalmente a los grupos involucrados por “alterar la paz social” debido al bloqueo de accesos y la ocupación de una oficina pública. Argumentaron que las comunidades no cumplieron con los requisitos legales para el trámite, por lo que serían llevadas ante la Justicia.
El domingo, la policía ejecutó la orden de desalojo. Tras cumplirse el plazo de dos horas a las 11.35, la fuerza volvió para insistir en el retiro voluntario. Ante la negativa, comenzó el desalojo forzoso.
Desde la Confederación Mapuche respondieron con dureza: “Como era previsible, Rolando Ceferino Figueroa entiende que si no se acata su autoritarismo lo hará entender a los palos”. Además, convocaron a la sociedad a solidarizarse con las comunidades y a exigir al gobernador el cumplimiento de la ley.
El gobierno aseguró que “se intentó en todo momento generar una mesa de diálogo”, incluso solicitando la mediación del obispo Fernando Croxatto el sábado, pero este intento fracasó. Según la versión oficial, “no hubo posibilidad por la posición intransigente de las comunidades”.
La protesta comenzó el martes y se desarrolló en la esquina de Roca y Rioja, en el centro de Neuquén capital. El reclamo por las personerías jurídicas no solo busca el reconocimiento formal de las comunidades, sino también su inclusión en políticas públicas y la garantía de derechos colectivos. La falta de documentación oficial las deja fuera de los procesos de relevamiento territorial y limita su capacidad para exigir la consulta previa sobre proyectos que afectan sus tierras.
Este conflicto, que escaló hasta un desalojo forzoso y detenciones, refleja la profunda distancia entre las demandas de los pueblos originarios y la respuesta estatal. Mientras la Confederación Mapuche insiste en que la ley debe ser un instrumento de justicia y no de represión, el gobierno provincial sostiene que agotó las instancias de diálogo y actuó para preservar la paz social.