La familia Ellis y vecinos del sector de Av. Irigoyen hacia la Laguna La Z aseguran que un tramo de la Avenida Hipólito Irigoyen, previsto como espacio público en los planos catastrales, habría quedado incorporado a una propiedad privada. También cuestionan la falta de actuación de organismos municipales y judiciales.
La denuncia volvió a poner bajo la lupa una situación que desde hace años genera malestar entre vecinos de Esquel. Según sostienen los denunciantes, una calle proyectada como continuidad de la Avenida Hipólito Irigoyen habría quedado alambrada dentro de una propiedad vinculada al escribano del Gobierno de Chubut, Juan Cruz Lagos.
Pero la polémica ya no gira únicamente en torno a la calle. Lo que más indignación genera entre los vecinos es la aparente falta de reacción de las autoridades. Pese a las denuncias y reclamos, no se conocen intervenciones concretas de la Municipalidad, de la Justicia de Faltas ni de la Fiscalía que permitan aclarar definitivamente la situación.
La pregunta que comenzó a repetirse en distintos ámbitos es inevitable: ¿qué habría ocurrido si en lugar de un funcionario provincial el involucrado fuera un vecino común?
Muchos habitantes de Esquel comparan este caso con los rápidos procedimientos que suelen impulsarse cuando familias de bajos recursos ocupan precariamente terrenos en laderas de cerros o espacios fiscales. En esos casos suelen existir intimaciones, denuncias y operativos de desalojo en plazos mucho más breves. Por eso consideran llamativo que una presunta ocupación de una calle pública continúe sin resolverse.
A la controversia se suman versiones que circulan en ámbitos políticos y municipales respecto del desplazamiento de un ex Director de Catastro Rodrigo Fernández. Según esas versiones, el funcionario habría sido apartado tras negarse a avanzar en mecanismos que eventualmente podrían haber permitido regularizar o transferir el espacio en disputa. Hasta el momento no existen confirmaciones oficiales sobre esa hipótesis.
El caso también reactivó cuestionamientos más amplios sobre los presuntos vínculos entre poder político, negocios privados e inversiones vinculadas a funcionarios, familiares y personas cercanas al Gobierno provincial. Si bien no existen resoluciones judiciales que acrediten irregularidades, distintos sectores reclaman mayor transparencia y controles para despejar cualquier sospecha de privilegios.
Para muchos vecinos, la discusión ya no pasa solamente por una calle. Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones y la sensación de que podrían existir reglas distintas según quién sea el involucrado.
Mientras continúan los pedidos de explicaciones, la pregunta sigue instalada en la comunidad: si la Avenida Irigoyen figura como espacio público en los planos oficiales, ¿cómo habría terminado del otro lado del alambrado?