En la Legislatura de Río Negro se presentó un proyecto de ley destinado a crear un marco legal específico para la protección integral de los glaciares y el ambiente periglacial dentro de la provincia. La propuesta apunta a preservar estas reservas vitales de agua dulce, fundamentales para el equilibrio ambiental y el suministro hídrico regional.
El legislador Luciano Delgado Sempé, del bloque Vamos con Todos, es el autor de esta iniciativa que busca complementar y fortalecer la legislación nacional vigente, como la Ley de Glaciares, mediante un régimen provincial propio.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es el establecimiento de un Inventario Provincial de Glaciares y Ambiente Periglacial, que se actualizaría cada tres años para monitorear el estado de estos ecosistemas estratégicos. Asimismo, se plantea la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental exhaustivas antes de autorizar cualquier actividad en las zonas afectadas, incorporando audiencias públicas para fomentar la participación ciudadana.
El texto propone además prohibir expresamente actividades que puedan dañar estos ambientes sensibles, como la exploración y explotación minera, hidrocarburífera e industrial en zonas glaciares y periglaciares.
Sobre los fundamentos de la iniciativa, Delgado Sempé señaló que “la propuesta surge a partir de las recientes discusiones y modificaciones impulsadas a nivel nacional sobre la normativa de protección de glaciares”. Advirtió que “la adhesión automática a las leyes federales podría resultar insuficiente si se reducen los estándares de protección ambiental”.
El legislador recordó que, según la Constitución, las provincias son dueñas originarias de los recursos naturales en su territorio, lo que justifica la necesidad de una normativa propia que garantice mayores resguardos.
Finalmente, el proyecto contempla un régimen de sanciones para quienes incumplan las disposiciones, incluyendo multas y clausuras, y propone que el Departamento Provincial de Aguas sea la autoridad encargada de fiscalizar y supervisar el cumplimiento de la ley y las actividades que puedan impactar en estos ecosistemas.